Milei impulsa la privatización del Belgrano Cargas y desata una disputa millonaria

El Gobierno ha acelerado el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., una decisión que ha desencadenado una pulseada millonaria entre actores clave de la economía argentina. Esta licitación definirá quién controlará una pieza fundamental para el transporte ferroviario de cargas que conecta las zonas productivas del norte y centro del país con los principales puertos exportadores.

El proceso formal comenzó en octubre de 2024, cuando el Ejecutivo calificó a Belgrano Cargas como "estructuralmente deficitaria", señalando que en 2023 la empresa requirió más de USD 110 millones en subsidios y mantenía una plantilla superior a los 4.000 empleados. Posteriormente, el Decreto 67/2025 habilitó la privatización total y estableció los lineamientos para la licitación.

Actualmente, el Gobierno está ultimando un nuevo pliego de condiciones que introduce modificaciones significativas respecto al esquema inicial. El cambio principal es la apertura a ofertas integrales que incluyan todos los activos —trenes, talleres y operación— en lugar de fragmentar el negocio. Además, se evalúa permitir el acceso a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un factor que podría ser determinante para los interesados.

La intención detrás de estos ajustes es atraer a jugadores con capacidad financiera, experiencia operativa y un compromiso de inversión a largo plazo. Según estimaciones oficiales, la puesta en condiciones adecuadas de la red ferroviaria demandaría una inversión cercana a los USD 1.000 millones, lo que limita el número de potenciales oferentes.

Entre los postulantes más destacados se encuentra Grupo México, un conglomerado industrial con fuerte presencia en el sector ferroviario estadounidense. Sus ejecutivos visitaron Buenos Aires a fines de 2025 y expresaron su disposición para realizar inversiones significativas y acelerar la recuperación del sistema. En el oficialismo valoran su experiencia en la operación eficiente de redes y su compromiso con mejoras concretas en el corto plazo.

En contraparte, el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano, integrado por las principales agroexportadoras como ACA, AGD, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company, también compite por el control del ferrocarril. Para estas empresas, la privatización representa una oportunidad para reducir costos logísticos, disminuir la dependencia del transporte por camión y ganar mayor previsibilidad en la cadena exportadora.

Las cerealeras proyectan inversiones iniciales por varios cientos de millones de dólares y desembolsos totales que podrían superar los 2.000 millones en el mediano plazo. Estas compañías concentran gran parte del flujo de cargas del sistema y operan en los principales puertos del Gran Rosario, por lo que su influencia es decisiva en el comercio exterior argentino.

Belgrano Cargas administra más de 15.600 kilómetros de vías correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, aunque casi la mitad de esta red está fuera de servicio actualmente. Aunque el complejo agroexportador es la principal demanda actual, el Gobierno anticipa que el crecimiento de la minería —especialmente de litio y cobre— aumentará la importancia estratégica del sistema en los próximos años.

En un país donde el transporte de cargas sigue dominado por el camión, la privatización de Belgrano Cargas representa una decisión estructural con impacto en la logística exportadora argentina. Más allá del negocio multimillonario en juego, la disputa entre un operador internacional y las grandes cerealeras marcará el rumbo del transporte ferroviario en la próxima década.

Fuentes oficiales aseguran que la definición se conocerá a mediados de 2026, tras evaluar ofertas técnicas y financieras. Mientras tanto, sindicatos ferroviarios advierten sobre posibles despidos y reclaman garantías laborales en la transición hacia la gestión privada. La licitación se perfila como un hito que definirá el modelo ferroviario argentino por años. Mientras el Ejecutivo busca eficiencia y reducción del gasto público, la tensión entre inversión privada y protección laboral se intensifica en un contexto de alta expectativa económica.