El Gobierno disuelve el fideicomiso de PPP que impulsó Macri para obras viales

El gobierno de Javier Milei anuncia la disolución del Fideicomiso de Participación Público-Privada (PPP), un programa destinado a las obras viales que fue impulsado durante la presidencia de Mauricio Macri. A través de un decreto, se pone fin a esta iniciativa, que data de 2017, y que tiene como principal objetivo garantizar los pagos a los contratos establecidos con empresas privadas.

La normativa 415/2025, firmada por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, disuelve el "Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras" (PPP RARS), un proyecto que se fundamenta en el artículo 60 de la Ley de Presupuesto 2018, sancionada en ese entonces por el macrismo y con el apoyo de la oposición. El marco legal permite crear la Ley 27328, conocida como 'Contratos de Participación Público - Privada', que busca establecer colaboraciones entre el Estado y el sector privado para desarrollar proyectos en diversas áreas, incluidas la infraestructura y la inversión productiva. Este modelo promete combinar recursos estatales con ingresos derivados de futuros peajes, habilitando grandes desarrollos en rutas y autopistas.

En junio de 2018, el gobierno de Cambiemos adjudica obras que abarcan 4.000 kilómetros distribuidos en seis corredores viales, asignando contratos a aproximadamente 15 empresas. Sin embargo, los trabajos recién comienzan en agosto de 2019, en un contexto electoral que lleva al regreso del peronismo al poder.

Con Alberto Fernández como presidente, las licitaciones de PPP se interrumpen y, en 2020, todos los contratos son extinguidos. En aquel momento, se argumenta que sólo se había ejecutado el 2% de las obras, equivalente a menos de seis kilómetros de la red proyectada.

El reciente decreto establece que, tras la finalización de los contratos y la transferencia de las obras a Vialidad Nacional, el único objetivo del Fideicomiso es el pago de los Títulos de Pago por Inversión (TPI). La normativa también destaca que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) informa sobre la falta de datos relacionados con los beneficiarios de los TPI, un requisito para cumplir con la normativa anti-lavado de activos.

Actualmente, el monto total de las obligaciones emitidas por Títulos de Pago por Inversión asciende a $84.954 millones. Según lo estipulado en el decreto, los fondos disponibles en el fideicomiso son "suficientes financieramente para hacer frente a la totalidad de dichos compromisos", lo que lleva al gobierno de Milei a proceder con la disolución del Fideicomiso.