Malas noticias para Argentina: ordenan pagar USD 142 millones por el default de 2001
Así lo decidió la jueza de Nueva York Loretta Preska, al darle la razón a un reducido grupo de fondos buitre que compraron títulos defaulteados por Adolfo Rodríguez Saa en 2001.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
Los que peinamos canas recordaremos lo que alguna vez se denominó "el default más grande de la historia" en 2001, el cual fue anunciado por el presidente interino de aquel entonces Adolfo Rodriguez Saa y enormemente festejado por la Cámara de Diputados de la Nación, quien con un sinfín de aplausos y acompañado por los gritos de "Argentina!, Argentina!" (como si fuera un estadio de fútbol) hundían al país en un incumplimiento de sus obligaciones soberanas.
Casi 23 años después, todavía se perciben los efectos de aquel default. Y esa deuda impaga tras la crisis del 2001 sigue siendo un problema para Argentina. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al país pagar 142 millones de dólares a 12 fondos que siguen litigando en su contra.
Aunque Argentina ofreció canjes de deuda en 2005, 2010 y 2016, algunos fondos, conocidos como holdouts, compraron esa deuda en default para luego demandar al país. Estos representan menos del 3% de los acreedores que no aceptaron los canjes anteriores.
El año pasado, la misma jueza Preska había ordenado embargar 95,8 millones de dólares en activos argentinos para pagar a otro fondo que ganó un juicio similar. Ese dinero estaba en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal de Estados Unidos, fondos que originalmente se usaron para garantizar el pago de los bonos Brady, emitidos en los 90.
En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno pagó 9300 millones de dólares a algunos holdouts para salir del default. Este pago permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las medidas que impedían a Argentina pagar a otros bonistas que sí habían aceptado los canjes de 2005 y 2010. Con esto, Argentina salió del default técnico.
A pesar de los acuerdos, un pequeño grupo de holdouts mantuvo sus demandas contra Argentina, ya que no aceptaron los canjes ni las propuestas del gobierno de Macri. Esto llevó a la implementación de las cláusulas de acción colectiva (CAC), que aseguran que si la mayoría de los acreedores acepta un canje, la oferta se extiende a todos de manera automática.
Estos "fondos buitre" compraron la deuda, litigaron, esperaron y la paciencia los premió para suerte de ellos y desgracia de nuestro país.
