Proponen ley para transparentar aumentos de precios en combustibles de Buenos Aires

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires inició el tratamiento de una propuesta legal que pretende garantizar mayor transparencia en la formación y comunicación de precios de combustibles. La iniciativa establece que las compañías productoras y expendedoras deberán avisar con un mínimo de 72 horas de anticipación cualquier cambio en los valores de naftas, gasoil y gas natural comprimido.

La diputada Ayelén Rasquetti, representante de Fuerza Patria y autora del proyecto, explicó que “los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”. Así, la propuesta busca garantizar el derecho de los consumidores a acceder a información clara y oportuna.

Según el texto, las empresas productoras deberán notificar a la autoridad provincial competente cualquier modificación en los precios con al menos 72 horas de anticipación. Por su parte, las estaciones de servicio deberán mostrar esos cambios en carteles visibles, en los surtidores y en sus plataformas digitales oficiales con un plazo mínimo de 48 horas antes de que entren en vigencia.

Para asegurar el cumplimiento, el proyecto prevé un régimen de sanciones. Las petroleras que incumplan las notificaciones podrán recibir multas equivalentes al valor de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, se contempla la suspensión temporal de la habilitación comercial. Las estaciones de servicio que no respeten la normativa podrían ser multadas con montos equivalentes a entre 100 y 500 litros de nafta, además de la clausura preventiva si vuelven a incurrir en faltas.

Rasquetti afirmó que “las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”. El proyecto fundamenta la iniciativa señalando que la eliminación a nivel nacional de la obligación de informar aumentos generó un vacío legal que perjudica a los usuarios. En ese contexto, la provincia busca recuperar competencias para proteger a los consumidores, amparándose en la Constitución Nacional y en normas como la Ley 26.197, conocida como “Ley Corta de Hidrocarburos”.

Además, el texto recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en fallos previos la titularidad provincial sobre los recursos naturales y la potestad para implementar medidas de control. También destaca la jurisprudencia que reconoce el carácter colectivo del derecho al acceso a la información. La legisladora sostuvo que “el combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”.

En caso de ser aprobada, la ley entraría en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo provincial designará la autoridad encargada de su aplicación y podrá firmar convenios con municipios para fiscalizar su cumplimiento.

Rasquetti remarcó que esta iniciativa forma parte de una agenda para “recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos” y advirtió: “Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”. El proyecto generó debate entre bloques, con apoyos que valoran la nueva medida y críticas que advierten sobre posibles impactos en la inversión privada. La votación final se espera para las próximas semanas.