Juicio por YPF: Argentina salió al cruce del fondo buitre y habló de hostigamiento judicial
El Estado rechazó el pedido de desacato impulsado por Burford Capital y sostuvo que se trata de una nueva maniobra para trabar la recuperación económica. Aseguró que cumplió con la entrega de información exigida por la Justicia de Estados Unidos.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
La Argentina respondió con dureza al pedido de desacato presentado por el fondo buitre Burford Capital en la causa por la estatización de YPF y denunció que se trata de otra vuelta de tuerca en una estrategia de presión judicial. Según planteó el Gobierno, el objetivo es claro: entorpecer el proceso de recuperación económica del país a fuerza de presentaciones “intrusivas y desmedidas”.
La contestación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que dejó en claro que la Argentina cumplió “de manera plena y exhaustiva” con el proceso de discovery, es decir, la etapa en la que se deben aportar documentos y testimonios requeridos por el tribunal.
De acuerdo con la defensa oficial, durante ese procedimiento se entregaron más de 113.000 páginas de documentación y declararon distintos funcionarios del Estado. Aun así, los demandantes —Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford— presentaron el jueves pasado un escrito ante la jueza Loretta Preska en el que acusaron al país de no cumplir con órdenes judiciales vinculadas a comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios.
Además, la Procuración remarcó que esta embestida se da justo cuando la posición procesal del fondo se debilitó. En ese listado incluyeron la audiencia de apelación por la sentencia de primera instancia que fijó una condena por más de 16.000 millones de dólares, el freno dispuesto por la Cámara del Segundo Circuito a la entrega de acciones de YPF, el respaldo explícito de Estados Unidos, Israel y otros países, y el rechazo de la justicia irlandesa a reconocer el fallo.
Pese al cruce, el Estado ratificó que seguirá cumpliendo con el proceso de discovery en curso. También confirmó que responderá formalmente el pedido de desacato dentro de los plazos establecidos, con una presentación prevista para el 19 de febrero.
El pedido de desacato apunta a que la jueza declare a la Argentina en rebeldía y avance con eventuales sanciones, bajo el argumento de supuestos incumplimientos en la entrega de correos electrónicos y otras comunicaciones oficiales. Para el Gobierno, se trata de una lectura forzada del proceso y de un intento por sumar presión en una causa que todavía está bajo apelación.
En paralelo, los fondos demandantes insisten con una estrategia más agresiva: buscan instalar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionarían como una extensión directa del Estado. Si esa tesis prosperara, podría habilitar embargos sobre sus activos. Desde la Casa Rosada descartan de plano esa posibilidad y vuelven a denunciar una avanzada judicial contra la soberanía argentina.
