El Gobierno elimina regulaciones y libera tarifas en el transporte de cargas

Con la Resolución 48/2025, el Ministerio de Economía suprime normativas previas para permitir la libre negociación entre transportistas y productores, buscando mayor competencia y transparencia en el sector.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, promulgó la Resolución 48/2025 que deja sin efecto la Resolución 8/2016 y la Resolución Conjunta 1/2023, normativas que regulaban hasta ahora el transporte automotor de cargas en el país. Esta medida tiene como objetivo simplificar el marco normativo vigente, eliminando restricciones que impedían la libre negociación entre transportistas y productores. De esta manera, el Gobierno busca incentivar la competencia y mejorar la transparencia en un sector fundamental para la logística y el abastecimiento interno.

 

Según se informó, la iniciativa responde a reclamos realizados por cámaras empresariales del transporte y organizaciones vinculadas a la producción agropecuaria, quienes solicitaban mayor flexibilidad en la fijación de tarifas y la supresión de trabas burocráticas que afectaban la operatividad del sector.

 

Con la nueva regulación, los acuerdos comerciales podrán establecerse directamente entre las partes involucradas, sin que el Estado intervenga en la determinación de precios. Este cambio tendrá un impacto directo en los costos de traslado y modificará la dinámica del mercado de cargas, que quedará sujeto a la competencia y negociación entre transportistas y productores.

 

La resolución entrará en vigencia una vez que sea publicada en el Boletín Oficial, consolidando así un paso más en el proceso de desregulación que el Ejecutivo impulsa en diferentes áreas de la economía. Organizaciones sindicales expresaron su preocupación por la medida, advirtiendo que la falta de regulación podría afectar las condiciones laborales de los conductores. El Gobierno aseguró que mantendrá controles para garantizar la seguridad y el cumplimiento de normativas vigentes.

 

Analistas señalan que la medida podría reducir costos logísticos, pero advierten sobre posibles riesgos en la calidad del servicio y la estabilidad laboral. Se espera un seguimiento cercano para evaluar su impacto en los próximos meses. A su vez, el sector privado valoró la iniciativa, destacando que la mayor libertad contractual favorecerá la eficiencia y la innovación. Sin embargo, pidieron que se mantenga un diálogo abierto para evitar posibles desequilibrios y proteger a los actores más vulnerables del mercado.

 

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