Licitación de la Hidrovía del Paraná: acusaciones de irregularidades, ¿Qué pasó?

La licitación para la Hidrovía del Paraná se ha transformado en un escenario de disputas entre diferentes actores, incluyendo empresas internacionales, el Gobierno y organismos judiciales. Este proyecto, que contempla un contrato de 30 años con posibilidad de prórroga durante tres décadas más, se enfrenta a serias acusaciones de falta de transparencia y direccionamientos.

En el centro de esta controversia se encuentra la empresa belga Dredging International (Deme), que ha intervenido en la Justicia mediante una cautelar en lo Contencioso Administrativo, consiguiendo así que la feria judicial considere su caso. Según afirman fuentes judiciales, Deme sostiene que no se han establecido condiciones equitativas en la licitación, destacando que los antecedentes técnicos fueron preparados por Emepa y Jan de Nul, lo que podría provocar una asimetría en la competencia.

En 2022, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) había bloqueado previamente una licitación por un informe que reflejaba la falta de razonabilidad de las estipulaciones. En la actualidad, los técnicos de la PIA están revisando los pliegos y condiciones, advirtiendo que muchos de los que participaron en el proceso anterior, catalogado como irregular, también están involucrados en la redacción de los nuevos documentos. Además, empresas como DEME y CCCC han manifestado sus reservas respecto a la validez de los datos técnicos y ciertos requisitos, como la experiencia previa en dragado continuo en vías fluviales, que consideran restrictivos y en favor de Jan de Nul.

Desde el 2020, el control de esta vía ha generado niveles de enfrentamiento entre actores globales, como las empresas belgas y chinas. CCCC, respaldada por el gobierno de Chino, ha expresado que la exclusión de compañías con participación estatal vulnera la competencia leal, mientras que el Gobierno argentino argumenta que entregar la concesión a empresas extranjeras estatales podría poner en riesgo la soberanía del país.

La historia reciente de la Hidrovía también se encuentra marcada por escándalos de corrupción. Un caso notorio es el del empresario Gabriel Romero, quien reconoció haber pagado USD 600.000 en el contexto de la causa Cuadernos.

En este panorama, el gobierno de Javier Milei ha disuelto la Administración General de Puertos (AGP) y creando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn). Sin embargo, los pliegos correspondientes a la actual licitación fueron elaborados por la AGP.

Las decisiones de la Justicia se esperan en las próximas semanas, donde se determinará si la licitación puede avanzar o si se debe suspender en respuesta a las quejas de las empresas interesadas. En paralelo, otras firmas contemplan la posibilidad de presentar cautelares similares.