Empresarios y sindicatos acuerdan tres condiciones clave para impulsar la economía argentina

El pasado 20 de julio de 2026, las principales entidades empresarias y sindicatos del país alcanzaron un acuerdo fundamental para el desarrollo económico argentino durante una jornada organizada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) en La Rural. El consenso se centró en tres condiciones indispensables: estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y reglas claras, además de un plan de acción con 250 obras estratégicas que abarcan sectores clave.

El CPI, que agrupa a bancos, industria, comercio, construcción, agro y sindicatos, identificó estas 250 obras en sectores productivos como energía, minería, alimentos y logística. La inversión requerida para su ejecución oscila entre USD 25.000 y USD 30.000 millones anuales, y se considera vital para superar la brecha de infraestructura que actualmente limita el crecimiento de las áreas más dinámicas de la economía nacional.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), destacó: “Contamos con más de 250 estudios sobre las obras clave que el país necesita para bajar costos y ganar competitividad. Sin una infraestructura moderna, financiada mediante inversión pública y privada, no hay desarrollo posible para ningún sector”. Enfatizó que el objetivo del CPI es mantener este debate en la agenda nacional para lograr cambios indispensables.

En el sector energético, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) ya alcanzó más del 70% de ejecución. Este oleoducto, financiado con un préstamo sindicado de USD 2.000 millones, es el mayor crédito comercial para infraestructura en la historia argentina. Complementan esta iniciativa la finalización de la reversión del Gasoducto Norte y la construcción de un gasoducto para exportar gas a Brasil, que expandirán la capacidad de evacuación en la cuenca neuquina.

Alberto Calsiano, jefe del Departamento Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), alertó sobre la saturación de las redes de transmisión eléctrica de Extra Alta Tensión, especialmente en el AMBA, y la urgencia de fortalecerlas para acompañar el crecimiento industrial y residencial derivado de Vaca Muerta. Por su parte, Martín Rappallini, presidente de la UIA, afirmó: “Si queremos inversiones genuinas en infraestructura, es fundamental garantizar seguridad jurídica, financiamiento accesible y un rol activo del Estado en la organización de costos”.

En minería, la producción de litio y cobre en el NOA demanda una conectividad vial y ferroviaria que aún no existe a gran escala. El CPI priorizó rutas de acceso a yacimientos, el ramal C14 del Belgrano Cargas y la modernización del San Martín Cargas. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), destacó la necesidad de inversiones en transporte y energía para evitar cuellos de botella que podrían frenar el crecimiento sostenido del sector. El plan gubernamental contempla la privatización por 50 años de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, con el fin de reducir costos logísticos que afectan la competitividad de las exportaciones mineras.

Para el sector agroalimentario, el CPI propuso ampliar en 1,5 millones de hectáreas el área regada y mejorar la gestión hídrica en la zona núcleo. Edgardo Castellanos, de la Corporación de Empresas Nacionales (COREBE), presentó un plan hídrico para el NOA que incluye obras como San Juancito en Jujuy, un acueducto de 210 kilómetros en Salta y el manejo de excedentes del sistema Bermejo-Bermejito. Además, la expansión de redes 5G para agricultura de precisión figura como prioridad, en un contexto donde la Sociedad Rural Argentina ya sumó infraestructura y financiamiento a su agenda, junto con el reclamo de eliminar retenciones.

En logística, la Vía Navegable Troncal es el eje central del plan. En julio, el gobierno de Javier Milei firmó la concesión con un consorcio belga y argentino que administra el corredor por donde circula el 80% de las exportaciones nacionales. Esta concesión incluye una rebaja automática del 13,5% en el peaje y obras de modernización que permitirán mayor carga en los buques.

También se priorizó la mejora de accesos terrestres a puertos del Gran Rosario, principal cuello de botella para la producción del interior. Además, se detalló la concesión de 9.154 kilómetros de rutas nacionales por 20 años bajo un esquema privado y sin subsidios estatales, parte de una reforma de infraestructura que el Gobierno considera la mayor en décadas.

Más allá de los detalles sectoriales, la jornada del CPI dejó claro que las tres condiciones no negociables para captar inversiones y crecer son estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y financiamiento a largo plazo. Francisco Gismondi, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), sostuvo: “Para captar inversiones de largo plazo necesitamos consolidar la estabilidad macroeconómica, una moneda estable y más fuentes de crédito”.

Por su parte, Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, aportó un matiz social: “Coincidimos en la necesidad de un orden macroeconómico y fiscal, pero este no debe lograrse a costa del sufrimiento social, sino mediante el diálogo. Necesitamos un Estado eficiente que no se retire de la planificación de una infraestructura que conecte al país y genere desarrollo”.

El Consejo de Políticas de Infraestructura está conformado por ADEBA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Camarco, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la UIA, la Sociedad Rural Argentina, la CGT y la UOCRA. Consolidando así un espacio multisectorial para impulsar las reformas necesarias que permitan un despegue económico sustentable y competitivo.

El acuerdo marca un hito al unir a sectores clave en una agenda común, priorizando inversiones que generen empleo y desarrollo regional. La ejecución efectiva dependerá del compromiso político y la coordinación público-privada para garantizar resultados sostenibles.