El Gobierno avanzará con una amplia reforma laboral para modernizar las reglas del trabajo
El proyecto impulsado por Javier Milei apunta a actualizar una legislación con más de 70 años. Propone cambios en la jornada, las vacaciones, las indemnizaciones y los convenios, con la meta de formalizar millones de empleos informales y atraer nuevas inversiones.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno de Javier Milei impulsa una profunda reforma laboral orientada a modernizar la legislación, facilitar la contratación y formalizar cerca de ocho millones de puestos de trabajo informales. La iniciativa, que será enviada al Congreso en los próximos días, busca tender puentes entre sindicatos y empresarios, y promete “modernizar un régimen contractual que tiene más de 70 años y no está diseñado para este mundo”.
Uno de los puntos que más ruido generó fue la posibilidad de extender la jornada laboral. Según trascendió, el proyecto prevé la creación de bancos de horas y la posibilidad de compensar o ampliar la jornada hasta un máximo de 12 horas diarias, siempre que sea acordado en paritarias o convenios colectivos. La polémica estalló cuando un empresario que compartió una cena con Milei deslizó que la jornada “podría llegar a 13 horas”. Desde el entorno presidencial aclararon que “es negociable y dependerá de los acuerdos sectoriales”.
El texto también introduce cambios en las vacaciones, que podrán tomarse en cualquier momento del año y fraccionarse en períodos no menores a una semana. Cada trabajador deberá tener garantizado al menos un descanso en verano cada dos años, salvo que él mismo decida lo contrario.
La reforma también promueve la digitalización de trámites laborales. Los recibos de sueldo y toda la documentación electrónica tendrán plena validez legal, y los pagos podrán hacerse a través de bancos, cheques o plataformas digitales habilitadas. Esto, aseguran en la Casa Rosada, apunta a “bajar costos administrativos y transparentar la relación laboral”.
Otro cambio fuerte está en los convenios colectivos: se priorizarán los acuerdos por empresa, basados en la productividad, el mérito y la sustentabilidad económica, por encima de los aumentos automáticos atados a la inflación. Para el oficialismo, se trata de una “flexibilización inteligente” que busca fomentar la competitividad; para los gremios, una amenaza directa al poder de negociación sindical.
En el plano impositivo, la iniciativa propone un bono de crédito fiscal para quienes generen nuevos empleos formales en los primeros 18 meses de la ley. El beneficio alcanzará el 100% de las contribuciones patronales para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes compañías.
El proyecto redefine también el concepto de salario, dejando fuera beneficios como almuerzos, útiles escolares, telefonía o reintegros médicos, que pasarán a ser considerados prestaciones complementarias. Además, se creará un sistema centralizado de control médico en la Secretaría de Trabajo para verificar licencias por enfermedad o accidente.
Por último, el texto actualiza el régimen de responsabilidad solidaria en casos de subcontratación y establece multas de hasta el 100% del beneficio obtenido para quienes cometan fraudes o incumplan las condiciones para acceder a los incentivos fiscales. Desde el Ejecutivo remarcan que la reforma “no implica ir contra los derechos de nadie”, sino que busca “generar trabajo formal y competitivo, adaptado a la nueva economía”.
