El Gobierno adjudicó ocho tramos de rutas nacionales por 20 años para su concesión
Mediante la Resolución 1379/2026, se formalizó la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas en once provincias, en el marco de la privatización de Corredores Viales.
El Gobierno oficializó la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, correspondientes a la tercera etapa del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, a través de la Resolución 1379/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial. Firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la resolución aprueba los resultados de la segunda etapa de la licitación pública y comunica las empresas adjudicatarias encargadas de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales bajo un régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.
Los tramos concesionados suman más de 3.900 kilómetros y atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Estos se suman a los más de 9.000 kilómetros adjudicados en total entre todas las etapas licitadas.
Durante el proceso, la Comisión Evaluadora rechazó la propuesta del consorcio Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste, y también desestimó otras ofertas relevantes, entre ellas la de CPC S.A., que había presentado una oferta para la totalidad de los ocho tramos. Además, se aplicaron las reglas de incompatibilidad establecidas en los pliegos generales, que limitan la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse, con el fin de promover la competencia entre las empresas participantes.
Esta adjudicación se realiza en el marco de la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como “sujeta a privatización”. Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó la privatización total mediante concesiones de obra pública.
El Gobierno busca no solo asegurar el mantenimiento y reparación de las rutas, sino también impulsar la ampliación de la infraestructura vial y permitir explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales para las concesionarias. Con esta estrategia, el Ejecutivo pretende delegar la gestión de nodos viales clave al sector privado, con el objetivo de mejorar el estado de las rutas, que actualmente sufren falta de mantenimiento y presentan problemas de seguridad para los usuarios.
