Nuevas medidas de desregulación en el sector aerocomercial argentino: de qué se trata

El Gobierno avanza en su estrategia de cielos abiertos con la implementación de nuevas medidas de desregulación en el ámbito aerocomercial. La reciente Resolución 86/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) está publicada en el Boletín Oficial, y señala cambios en la obtención del certificado digital relacionado con los servicios de rampa y del uso de las pasarelas telescópicas.

Entre las normativas derogadas se encuentran la disposición 106/2002, que regulaba el Registro del Personal de Servicio de Rampa y Escalas Habilitadas, como así también la resolución 245/2023, que establecía las tarifas para los Servicios en Tierra a Aeronaves realizados por Intercargo Sociedad Anónima Unipersonal. Con estas modificaciones, se pretende eliminar todas las regulaciones que contradigan las nuevas medidas, alineándolas con los principios establecidos en el decreto 599/2024. El escrito oficial sostiene que “Las necesidades actuales del mercado aerocomercial y el nuevo esquema de política de aviación comercial, con el cual se aspira al funcionamiento adecuado del mercado, la libre competencia, la libertad de acceso al mercado y la mayor eficiencia, requieren la revisión del ordenamiento jurídico”.

Así, se busca derogar cualquier norma que impida la implementación de estas nuevas medidas, por lo que se establecerán nuevos parámetros acordes al mencionado decreto. El proceso de desregulación en el sector comenzó en julio del año pasado, con el objetivo de ampliar el número de operadores y permitir a cada aerolínea elegir a la empresa que prestará sus servicios.

Hasta la fecha, Intercargo poseía la exclusividad en la prestación de estos servicios, aunque algunas aerolíneas, como Flybondi y American Airlines, ya habían comenzado a optar por la autoprestación. El Gobierno argumenta que estas reformas se basan en principios de transparencia en la medición, asignación y uso de la capacidad aeroportuaria. Además, se busca reducir la intervención del Estado y ofrecer mayores libertades en la determinación de frecuencias, siempre que se ajusten al plan de negocios y cumplan con estrictos criterios operativos que garanticen la seguridad del tráfico aéreo.

Por otro lado, se ha implementado un sistema de vigilancia operacional continua, priorizando la seguridad en todas las operaciones. Las modificaciones incluyen la introducción de indicadores e índices de monitoreo que se enfocan en mejorar la eficiencia operativa, la regularidad, la puntualidad y la planificación. A lo largo del tiempo, se han autorizado nuevas rutas aerocomerciales y se ha facilitado la entrada de nuevos operadores, garantizando una distribución equitativa de los servicios y espacios comunes en los aeropuertos, conforme a los estándares internacionales.