Andrés Vázquez, en la mira: ascenso y aumento de sueldo a su pareja
El titular de la DGI generó controversia al ascender a su pareja, María Eugenia Fanelli, una semana después de asumir. Su designación es cuestionada por posibles conflictos de interés y por su vínculo con operaciones offshore.
El titular de la Dirección General Impositiva (DGI) es objeto de una investigación relacionada con operaciones offshore. Apenas una semana después de asumir su cargo, Vázquez tomó la decisión de otorgar un ascenso a su pareja, María Eugenia Fanelli, lo que generó críticas dentro del sector. Fanelli, una abogada de 44 años, vio un aumento en su salario tras ser designada al frente de la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires, pasando de un sueldo de entre $3,8 y $4,2 millones a alcanzar un monto neto que oscila entre $7 y $8 millones. Esta decisión fue formalizada el 1 de noviembre mediante la Disposición 182/2024, que se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial.
La asignación de Fanelli a una de las Direcciones Regionales más relevantes del área metropolitana fue considerada como 'inusual' y 'anormal' dentro de la DGI. Algunos expertos afirman que esta decisión podría ir en contra del Código de Ética interno del organismo, que prohíbe a los funcionarios involucrarse en asuntos que puedan generar conflicto de interés, especialmente si existe un vínculo personal con la persona implicada.
Vázquez, quien asumió el cargo el 25 de octubre designado por Javier Milei, está en el centro de las críticas del Gobierno a raíz de un escándalo vinculado a sus operaciones offshore. Recientemente, tres diputados nacionales de la Coalición Cívica presentaron una denuncia penal en su contra por enriquecimiento ilícito y por no declarar ciertos bienes en su Declaración Jurada patrimonial.
A pesar de estas controversias, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió a Vázquez en una conferencia de prensa, asegurando que no se hallaron inconsistencias en su conducta. Afirmó que si hubiera habido irregularidades en su declaración, se le habría removido de su puesto, obviando mencionar que el funcionario no declaró sus bienes en el extranjero ni anticipó ninguna sanción para él.
La situación ha generado un debate en la opinión pública, donde se cuestiona la transparencia del Gobierno y la ética de sus funcionarios. Organizaciones civiles han exigido una investigación sobre estos nombramientos y el manejo de recursos, mientras que la oposición advierte sobre la necesidad de establecer mecanismos de control más estrictos para evitar abusos en el poder.
