Meta acuerda pagar USD 18.000 millones por demanda sobre redes sociales y adolescentes

Meta alcanzó un acuerdo con los fiscales generales de distintos estados de Estados Unidos para cerrar una demanda presentada en 2023, en la que se acusaba a la compañía de diseñar Instagram y Facebook de manera que resultaran adictivos para los adolescentes. El entendimiento contempla alrededor de USD 18.000 millones destinados a 47 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios estadounidenses.

El pago será realizado en cuotas durante los próximos 10 años. Del total, aproximadamente USD 5.000 millones están condicionados a que YouTube y TikTok también desembolsen miles de millones de dólares y adopten controles similares para los usuarios adolescentes.

El acuerdo se produjo menos de dos semanas después del comienzo del juicio y todavía necesita la aprobación del juez federal a cargo del caso. Si recibe el visto bueno, los adolescentes tendrán nuevas restricciones al utilizar Instagram y Facebook. Entre ellas se encuentra un límite de dos horas diarias de uso, además de bloqueos durante la noche y la suspensión de notificaciones en horario escolar.

Las opiniones sobre el resultado son diversas. Para algunos especialistas, Meta consiguió reducir significativamente los riesgos legales que enfrentaba. Otros consideran que las condiciones pactadas son insuficientes y que su aplicación práctica será difícil.

Ari Cohn, abogado especializado en la Primera Enmienda, describió el acuerdo como una “jugada comercial astuta”, aunque cuestionó sus consecuencias para la libertad de expresión. Según su análisis, al buscar que YouTube y TikTok adopten restricciones equivalentes, Meta podría estar intentando establecer un marco regulatorio que sus competidores también deban seguir.

Uttara Ananthakrishnan, profesora asociada de sistemas de información de la Universidad de Washington e investigadora de las características adictivas de TikTok, coincidió en que otras plataformas podrían anunciar medidas parecidas. Sin embargo, expresó dudas sobre su eficacia y señaló el historial de Meta en la aplicación de sus propias políticas.

La especialista también citó la experiencia de Australia, donde las autoridades implementaron restricciones para adolescentes que no lograron impedir completamente el acceso de usuarios jóvenes. A su juicio, hacer cumplir los controles será especialmente complejo, debido a mecanismos como las VPN o el uso de cuentas de familiares.

Jonathan Turley, profesor de Derecho de la Universidad George Washington, fue todavía más crítico con la compensación económica. Consideró que la cifra ofrecida representa un costo reducido frente a los daños potenciales que Meta podría haber enfrentado si el litigio hubiera continuado.

Turley también sostuvo que varias de las modificaciones incluidas en el acuerdo ya estaban siendo incorporadas por la compañía. Aunque reconoció que habrá nuevas herramientas de protección, advirtió que será difícil establecer una barrera permanente frente a plataformas tecnológicas populares y accesibles. En ese escenario, consideró que los padres continuarán teniendo una responsabilidad central.

Jason Kint, director ejecutivo de Digital Content Next, destacó la dimensión generacional del conflicto. Señaló que el nuevo acuerdo eleva a aproximadamente USD 25.000 millones el monto acumulado de acuerdos extrajudiciales relacionados con Meta y cuestiones vinculadas con protección del consumidor.

Gary Marcus, investigador y escritor especializado en tecnología, planteó que otras plataformas deberían adoptar las mismas restricciones. Entre sus propuestas mencionó pausas durante el uso, bloqueos nocturnos, limitaciones durante el horario escolar, mayores controles de contenido y herramientas parentales más directas.

El acuerdo podría convertirse así en un precedente para la industria de las redes sociales y modificar la manera en que las principales plataformas gestionan las cuentas de adolescentes.