Más motosierra: el Gobierno confirmó 2400 despidos en el Ministerio de Justicia

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se llevarán a cabo 2400 despidos en el Ministerio de Justicia, resaltando que se trata de contrataciones irregulares gestionadas a través de ACARA.

Estos empleados habían sido incorporados al sistema laboral de manera fuera de los mecanismos establecidos, lo que ha sido práctica durante varias décadas.

En una conferencia de prensa llevada a cabo esta mañana, Adorni también anunció la eliminación de un incentivo destinado a capacitaciones, el cual implicaba un gasto anual de $15.600 millones. A lo largo de su exposición, señaló que “ese monto era pagado para que los empleados pudieran capacitarse”, aunque subrayó que había “desvirtuaciones” en el uso de esos fondos. Según sus palabras, estos incentivos se transformaron en parte del salario sin que existiera una verdadera capacitación que lo justificara.

Adorni destacó que su gobierno se mantendrá firme en la eliminación de aquellos “negocios de pocos en detrimento de muchos”, en referencia a la distribución de recursos en el Estado. En esta línea de recortes, mencionó también la reciente auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad en la provincia de Chaco, que reveló que de 2344 beneficiarios de pensiones por invalidez, solo 365 cumplían con los criterios establecidos, lo que evidencia que 7 de cada 10 pensiones “no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas”.

Adicionalmente, el vocero hizo hincapié en las reformas dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ahora permite que cualquier prestador se registre para ofrecer capacitaciones a los conductores profesionales. Hasta el momento, este servicio había sido monopolizado por el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), el cual había percibido más de $11.000 millones desde 2019 por estas capacitaciones obligatorias.

En otro tema, Adorni aseguró que se están realizando esfuerzos para resolver la situación de un gendarme en Canadá, que se encuentra en riesgo, y también se refirió a las acusaciones contra el titular de la DGI, Andrés Vázquez, enfatizando que se trata de un “tema del pasado” que fue sobreseído.

Cerrando su intervención, se refirió a las recientes críticas sobre sus vacaciones y las de otros ministros, aclarando que no hay prohibiciones, pero sí un pedido de “lógica, austeridad y razonabilidad” por parte del Presidente de la Nación Javier Milei.