Los nuevos dueños de Transener recuperaron el 12% de su inversión casi de inmediato

Edison Energía y Genneia, tras comprar la participación estatal en Citelec por USD 356 millones, recibieron USD 44 millones del primer reparto de utilidades, autorizado antes de la transferencia definitiva.

El consorcio formado por Edison Energía y Genneia, que adquirió la participación estatal en Citelec —la sociedad controlante de Transener— por un monto de USD 356 millones, ya recuperó aproximadamente el 12% de esa inversión casi de inmediato. Esto ocurrió tras recibir USD 44 millones correspondientes al primer reparto de utilidades, autorizado apenas dos días después de la apertura de ofertas y antes de que el Estado transfiriera formalmente las acciones.

 

El ingreso formal del consorcio a la compañía se produjo el 27 de agosto de 2026. Ese mismo día se constituyó el nuevo directorio, con representantes de Pampa Energía, Anses y del propio consorcio, y se decidió levantar la reserva de dividendos establecida en abril, lo que permitió liberar un total de $253.536 millones (alrededor de USD 170 millones). De ese monto, a Edison Energía y Genneia les correspondieron USD 44 millones, equivalentes al 12% del precio pagado por la participación accionaria.

 

La asamblea de accionistas del 30 de abril de 2026 ya había aprobado un reparto total de $522.590 millones (unos USD 373 millones), aunque hasta ahora se liberó menos de la mitad. Dicha asamblea se realizó dos días después de la apertura de ofertas económicas y antes de la aprobación regulatoria de la transferencia, con participación de accionistas estatales y privados. La convocatoria para esta reunión se había publicado en febrero, antes de la apertura de sobres.

 

La estrategia oficial detrás de este movimiento buscaba maximizar el valor de la privatización. Según fuentes oficiales, “Al recomponer las tarifas de Transener a través de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) cerrada en 2025, la decisión del Gobierno fue intentar recuperar parte de ese flujo de fondos mediante un mejor precio en la privatización”. Para ello, se evitó distribuir dividendos durante la primera parte del año para que la caja acumulada resultara atractiva para los inversores.

 

Sin embargo, esta interpretación no es compartida por todos. Uno de los oferentes que perdió el concurso señaló que “cuando analizamos la compra de una compañía, miramos si la caja alcanza para el giro del negocio; no se pone el foco en entrar y distribuir los fondos”. Para algunos, el dinero acumulado representa capital de trabajo, no un beneficio inmediato.

 

Desde el consorcio ganador rechazaron esta visión, aclarando que el pliego de licitación establecía que el precio incluía la caja existente en ese momento y que todos los oferentes descontaron ese saldo en sus flujos de fondos. “Comprás una empresa con deudas o con ganancias y ofrecés otro monto. Asumís el estado financiero de la compañía”, aseguraron.

 

Además, destacaron que la distribución de utilidades no es un factor determinante para la compra: “No es algo significativo ni que le mueva el amperímetro a la compañía. No es el objetivo por el cual la compramos, aunque lo tuvimos en cuenta a la hora de ofertar. No estamos pagando la inversión con esa plata”. Respecto a la posibilidad de que los accionistas anteriores hubieran definido el reparto tras la aprobación de la transferencia, señalaron que “en un proceso de venta resulta inusual tomar una decisión de ese tipo antes del ingreso de los nuevos socios.

 

Desde la Secretaría de Energía explicaron que Transener casi no distribuyó utilidades entre 2001 y 2019, perjudicando al Estado accionista. Con el cambio de gobierno, se decidió girar todos los dividendos prudentes antes de lanzar la privatización, lo que implicó USD 26 millones que cubrieron gastos corrientes de Enarsa. Luego se fijó un precio base de USD 206 millones para la valuación de Citelec, incluyendo la caja, y a partir de ese momento no se distribuyeron más dividendos para no afectar el proceso licitatorio ni el valor de la compañía.

 

En el proceso de licitación, el precio final no se determina por el valor intrínseco para el ganador, sino por la oferta necesaria para superar a la competencia. Por ejemplo, Central Puerto ofreció USD 301 millones y Edenor, USD 230 millones. La diferencia entre la oferta ganadora y la segunda fue de USD 55 millones, apenas superior a los USD 44 millones que el consorcio acaba de recibir como dividendos.

 

El consorcio sostiene que pagó una prima del 27% sobre el valor de mercado de la compañía a la fecha de pago y que la distribución estaba aprobada antes de su ingreso. Además, Transener no posee deuda financiera y al 30 de junio de 2026 mantenía compromisos de inversión de capital por $120.400 millones. En contraste, otras empresas del sector suelen operar con un endeudamiento de entre dos y tres veces su Ebitda, aprovechando beneficios fiscales por intereses.

 

La operación se realizó en el marco legal vigente, bajo la ley 27.742 que declaró a Enarsa sujeta a privatización, el decreto 286/2025 y la resolución 1050/2025 del Ministerio de Economía que estableció la contratación de un banco público para tasar el paquete accionario. Finalmente, no todo el dinero provino del sector público. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses mantiene cerca del 19% de Transener y recibió aproximadamente USD 33 millones de esta distribución.

 

El cambio principal fue el destino del resto de los fondos, que ahora ingresaron a manos privadas, mientras que la venta mejoró los ingresos generales del Estado. El consorcio confirmó que continuará con las inversiones previstas y que la prioridad será mantener la calidad del servicio y la expansión de la red, asegurando la sustentabilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional a mediano y largo plazo.

 

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