Micropymes podrán computar el Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias durante 2026

El Gobierno extendió por un año más la posibilidad de que las microempresas puedan computar el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, conocido como Impuesto al Cheque, a cuenta del Impuesto a las Ganancias y de las contribuciones a la Seguridad Social durante todo 2026. Esta medida, que inicialmente vencía este 31 de diciembre de 2025, fue oficializada mediante el decreto 923 publicado en el Boletín Oficial.

Según la legislación vigente, en particular el artículo 6° de la Ley 27.264, las microempresas pueden descontar el 100% del Impuesto al Cheque efectivamente abonado como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. Además, a través del decreto 394 de 2023, se habilitó que hasta un 30% del tributo pagado se aplique a cuenta del 15% de las contribuciones patronales destinadas al sistema jubilatorio.

Este beneficio beneficia a las empresas que cumplen con la definición de micropyme de acuerdo con la ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, actualizada en abril de 2025. Los parámetros vigentes establecen que una microempresa factura al año hasta $569 millones en Construcción, $266,8 millones en Servicios, $1.371 millones en Comercio, $940,6 millones en Industria y Minería, y $661,4 millones en el sector Agropecuario.

El Impuesto al Cheque fue instaurado en el año 2001 durante la gestión de Fernando De la Rúa, impulsado por el exministro Domingo Cavallo, como un tributo transitorio para contribuir al déficit fiscal. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un impuesto permanente y significativo dentro de la estructura impositiva nacional.

Entre enero y noviembre de 2025, este impuesto recaudó $12,6 billones, lo que representa un aumento nominal del 50% respecto al mismo período del año anterior y equivale al 7,5% de la recaudación total del país. Su aplicación grava con un 0,6% cada movimiento en cuentas bancarias y cajas de ahorro, lo que genera críticas por desalentar la bancarización y fomentar prácticas informales.

Si bien el Gobierno tiene intención de eliminar este tributo, su peso en la estructura fiscal y la facilidad de recaudación dificultan su supresión inmediata. Por ello, los especialistas sugieren que una alternativa viable es continuar permitiendo que el impuesto se computen a cuenta de otros gravámenes de forma gradual.

La prórroga busca aliviar la carga fiscal sobre las micropymes, facilitando su liquidez y competitividad en un contexto económico complejo. Además, se espera que esta medida contribuya a una transición ordenada hacia una reforma tributaria más amplia.

Desde el sector empresarial, valoran la continuidad del beneficio, aunque reclaman mayor claridad sobre los plazos y condiciones para la eventual eliminación definitiva del impuesto. El Gobierno anticipa que en 2027 se presentará un proyecto de reforma tributaria integral.