El Gobierno extiende por diez años las concesiones de transporte de hidrocarburos de YPF
A partir de noviembre de 2027, YPF continuará operando en seis provincias tras una prórroga que incluye inversiones por más de USD 364 millones para modernizar y ampliar sus sistemas.
El Gobierno argentino oficializó la extensión por diez años, desde noviembre de 2027, de las concesiones de transporte de hidrocarburos que gestiona la petrolera estatal YPF. Estas concesiones abarcan provincias clave como Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Según el Decreto 698/2025 publicado en el Boletín Oficial, la prórroga contempla un plan de trabajo e inversiones de USD 364,3 millones (aproximadamente 310,3 millones de euros) destinado a aumentar la capacidad de transporte, optimizar los sistemas actuales, mejorar la seguridad operativa y actualizar tecnológicamente los equipos.
Antes de que la prórroga entre en vigencia, YPF deberá realizar inversiones adicionales por un monto de USD 278,1 millones (236,9 millones de euros) entre 2025 y 2027. La petrolera está obligada a informar semestralmente sobre el progreso de estas obras a la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría de Combustibles Líquidos.
El decreto establece que el incumplimiento de esta inversión inicial podrá derivar en la revocación de las concesiones por parte del Ejecutivo. Además, YPF deberá respetar las normativas vigentes en materia ambiental, de seguridad y de acceso abierto.
La medida busca garantizar la continuidad del suministro energético y fortalecer la infraestructura estratégica del país, promoviendo el desarrollo regional y la generación de empleo en las provincias involucradas. YPF reafirma su compromiso con la eficiencia y la sustentabilidad.
La prórroga también contempla mecanismos de control y auditoría para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, reforzando la transparencia en la gestión y el uso eficiente de los recursos públicos vinculados al transporte de hidrocarburos. La medida fue bien recibida por sectores industriales y sindicatos, que destacaron su impacto positivo en la generación de empleo y la estabilidad del sector energético. Se espera que las inversiones impulsen la innovación tecnológica y la eficiencia operativa en el transporte de hidrocarburos.