El Gobierno inicia la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina con venta del 44% de acciones
Mediante una resolución ministerial, se implementa un programa que cede el 5% del capital a trabajadores y licita el 44%, mientras el Estado retiene el 51% de la empresa que opera las centrales nucleares del país.
El Gobierno nacional comenzó el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), un mes después de que fuera autorizada oficialmente esta iniciativa. La medida contempla un programa de propiedad participada donde el 5% del capital accionario será destinado a los trabajadores, mientras que el 44% restante será vendido en bloque mediante una licitación pública abierta a nivel nacional e internacional. El Estado conservará la mayoría accionaria con el 51%.
Esta decisión fue formalizada mediante la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. La norma establece que la Secretaría de Energía debe coordinar el proceso con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encargada de realizar un inventario detallado de los bienes tangibles e intangibles que podrían afectar la valuación de las acciones.
El objetivo es concretar la privatización dentro de un plazo de un año desde la publicación de la resolución. Actualmente, los principales accionistas de NA-SA son el Ministerio de Economía con el 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el 20% y Energía Argentina SA (Enarsa). Sin embargo, tanto la CNEA como Enarsa transferirán sus participaciones a la Secretaría de Energía para facilitar el proceso.
NA-SA, presidida por Demian Reidel, opera las tres centrales nucleares argentinas: Atucha I, Atucha II y Embalse. Estas plantas suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan aproximadamente el 7% del consumo eléctrico nacional. La empresa fue declarada sujeta a privatización por la Ley Bases, con una valuación estimada entre 560 y 1000 millones de dólares.
Andrés Kreiner, secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN), expresó su rechazo a la privatización: “La empresa no da pérdidas, es superavitaria y la calificamos como estratégica, impulsando el desarrollo industrial y promoviendo el trabajo argentino”. Además, afirmó que “privatizar NA-SA, entonces, no tiene ninguna justificación ni económica ni técnica y no va a mejorar las condiciones de vida de la gente”.
El dirigente advirtió que un eventual aumento en las ganancias para un inversor privado probablemente implicará una suba en las tarifas eléctricas, con el costo final recayendo en la población: “Toda esta aventura la vamos a terminar pagando todos”. Kreiner atribuye la medida a la necesidad del Gobierno de obtener dólares para sostener un tipo de cambio bajo, una estrategia que calificó de “irresponsablemente electoralista y cortoplacista”.
Además, alertó sobre el riesgo de transferir un negocio estatal exitoso al sector privado y advirtió que la privatización podría limitar la capacidad de Argentina para mantener su desarrollo independiente en tecnología nuclear. En este sentido, señaló que el país eligió una línea tecnológica basada en uranio natural y agua pesada, y que la entrada de un inversor con más del 44% de las acciones podría intentar modificar esa orientación. Por su parte, desde el Ministerio de Economía sostienen que la apertura a capital privado permitirá modernizar la empresa, atraer inversiones y mejorar la eficiencia operativa, sin comprometer la soberanía energética ni la seguridad nuclear del país.
