El Gobierno inicia la privatización de AySA con venta prevista en ocho meses
Mediante una resolución oficial, el Ejecutivo puso en marcha el proceso para transferir Agua y Saneamientos Argentinos al sector privado, con un cronograma de venta que culminará en ocho meses.
El Gobierno nacional oficializó el comienzo del proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), según se publicó en el Boletín Oficial este martes 19 de agosto de 2025. El plan contempla la venta total de la empresa al sector privado en un plazo máximo de ocho meses. La Resolución 1198/2025, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, establece que la transferencia quedará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía. Para ello, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, mediante su Unidad Ejecutora Especial Temporaria, será la encargada de conducir todo el proceso.
En paralelo, la Secretaría de Obras Públicas deberá preparar toda la documentación técnica y los contratos de concesión necesarios para formalizar la operación. Además, la agencia designada contratará a un banco estatal para realizar la valuación de las acciones que el Estado posee en AySA, con el objetivo de concretar la venta dentro del plazo estipulado. El Ejecutivo justificó esta decisión señalando que “la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional”.
Asimismo, destacaron que para mejorar el servicio de agua y saneamiento en la zona concesionada a AySA, se requiere una inversión en infraestructura que supera la capacidad financiera actual de la empresa. Por este motivo, la privatización busca garantizar la mejora en la prestación del servicio. El 10% del capital de AySA permanecerá en manos de los trabajadores, dentro de un programa de copropiedad que ya existía y que no será afectado por esta transferencia.
Sindicatos alertaron sobre posibles despidos y aumentos tarifarios, mientras que sectores empresariales celebraron la iniciativa como un paso hacia la modernización y eficiencia del servicio público. El Gobierno aseguró que se implementarán mecanismos de control para evitar abusos y garantizar la continuidad del servicio. La oposición anunció que seguirá de cerca el proceso y exigirá transparencia en cada etapa de la privatización.
