El Gobierno espera recaudar entre USD 400 y USD 500 millones por la privatización de las represas del Comahue
Luis Caputo, ministro de Economía, indicó que se publicarán los pliegos para la licitación de las represas en agosto. A pesar del acuerdo con Neuquén y Río Negro sobre el uso del agua, persisten tensiones respecto a la privatización.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que la licitación para las represas del Comahue podría aportar entre USD 400 y USD 500 millones al Tesoro. Esta concesión, que se remonta a los años ’90, está por vencer a mediados de agosto y el Gobierno planea publicar los pliegos en los próximos días para iniciar la privatización.
Las represas que forman parte de esta licitación son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro, y actualmente gestionadas por AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto. Caputo señaló que estas privatizaciones son esenciales para incrementar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado resistencia en los gobiernos provinciales, que argumentan tener derechos sobre las represas debido a su localización. Los mandatarios de Neuquén y Río Negro han expresado que no fueron consultados sobre el procedimiento licitatorio y buscan establecer un nuevo marco de colaboración con la nación. En ese contexto, alcanzaron un acuerdo político que establece que cada provincia percibirá un canon del 1% por el uso del agua.
Ambos gobernadores han manifestado que el control del uso del agua con fines hidroeléctricos no puede ser exclusivo del Gobierno nacional ni de inversores privados. También demandan la consideración de un canon que actualmente no forma parte de las concesiones vigentes, lo cual es un reclamo fundamental en las nuevas bases de adjudicación.
El Gobierno, mediante la Secretaría de Energía, está en proceso de elaboración de los pliegos para la licitación que definirá cómo se adjudicarán las represas por un plazo de 30 años. Fuentes del Ministerio de Economía informaron que se buscará conservar un modelo de concesión privada con supervisión estatal, similar a los que se implementaron en los noventa.
La venta de acciones de las actuales empresas a nuevos operadores se realizará en un proceso de venta pública que podría finalizar antes del 11 de agosto, cuando vencen las concesiones actuales. La transición exigirá coordinación técnica entre las empresas actuales y las que se adjudiquen para garantizar el servicio eléctrico y la gestión del caudal.
Desde la Secretaría de Energía también se está considerando la posibilidad de reestructurar las condiciones ambientales de las concesiones, incorporando criterios de sostenibilidad en el nuevo esquema regulatorio. Esto podría incluir evaluaciones del impacto ambiental, regulación de niveles de embalses y Mecanismos de compensación a las provincias ante posibles efectos externos.
Las concesiones de estas centrales se otorgaron en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem por 30 años, con opciones de prórroga que se extienden hasta agosto de 2023. Este año vencerán también otras 15 represas que, aunque generan menos energía, podrían enfrentar circunstancias similares a las de las instalaciones del Comahue. La potencia total instalada de estas centrales asciende a aproximadamente USD 4.170 megawatts (MW), lo que equivale a cerca del 10% al 15% de la matriz energética del país.
