Nuevo paquete fiscal: menos presión tributaria para empresas y dueños de inmuebles

En medio de la rosca por la reforma laboral, el oficialismo decidió sumar una carta dulce para empresarios, dueños de propiedades y firmas grandes y chicas. En el borrador que circula entre despachos aparece un recorte fuerte de la carga impositiva: baja de Ganancias para sociedades, exención para alquileres de vivienda y para la venta de inmuebles, alivio para inversores financieros y la eliminación de impuestos a una larga lista de productos electrónicos y artículos suntuarios.

La idea del Gobierno es presentar este paquete a la par de la reforma laboral, con la expectativa de ampliar consensos en el Senado. Claro que el movimiento tiene costo: menos recaudación en un momento donde los ingresos vienen golpeados. Solo en noviembre, la recaudación cayó 8,7% interanual, golpeada por las rebajas anteriores en  Impuesto País, Bienes Personales y retenciones.

El viernes pasado, al explicar el espíritu del combo impositivo, Luis Caputo insistió en su intención de acelerar la agenda económica. “La reforma que estamos mandado - en lo impositivo - se enfoca en dos o tres cosas. Primero, en sustentar la reforma laboral. Va a caer muy bien lo laboral e impositivo que hemos mandado. Es un cambio fundamental para el país, ojalá pasen rápido”, aseguró en diálogo con Antonio Laje.

La columna vertebral del proyecto es la baja de Ganancias para sociedades a partir de 2026: el tramo del 30% descendería al 27% y el del 35% se movería al 31,5%. Esto alcanza tanto a Pyme como a pesos pesados corporativos, en línea con lo que Caputo venía anticipando en charlas con inversores extranjeros.

Los beneficios también alcanzan al mundo financiero: quedará exenta la compraventa de activos como bonos, ON, acciones, fondos y Cedear, sin importar si cotizan o no en mercados autorizados. La única excepción serán las operaciones con criptoactivos, que seguirán alcanzadas por el tributo.

Para el campo aparece un guiño puntual: la tarifa de IVA para la energía eléctrica usada en sistemas de riego quedaría reducida, un pedido histórico de la agroindustria.

A esto se suma una demanda clave del empresariado: permitir que, desde 2025, las pérdidas fiscales puedan actualizarse por inflación en base al IPC del INDEC. De esa manera, las compañías evitarían que la inflación les derrita los quebrantos acumulados, algo que beneficia sobre todo a firmas nuevas y a grandes proyectos de inversión.

El plan se completa con el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Se trata de un esquema que busca atraer capital sin antecedentes tributarios complicados y que exige pisos de inversión claros: desde US$ 150.000 para microempresas hasta US$ 30 millones para jugadores grandes. El menú de beneficios incluye amortización acelerada en Ganancias, devolución anticipada de IVA y la posibilidad de renovar activos sin perder ventajas fiscales. El único límite: no alcanza a inversiones financieras ni de cartera.

En el Gobierno reconocen que el RIMI no es tan generoso como el RIGI —que habilita giro de utilidades y quita retenciones—, pero aseguran que este esquema está diseñado para un perfil más amplio de empresas y con procedimientos más simples.

Si el paquete prospera, la apuesta es que el alivio genere más movimiento económico y que la baja inicial de ingresos se compense con actividad y mayor formalización. En la Casa Rosada creen que la señal política también juega: mostrar que la reforma laboral viene acompañada de un gesto fuerte hacia el sector privado.

El desafío ahora es el Congreso. Con un escenario ajustado, el Gobierno intentará convencer a la oposición dialoguista de que el combo laboral-impositivo es una oportunidad para reactivar sectores que vienen frenados y mejorar el clima de negocios en un año donde, aseguran, el país necesita acelerar la inversión y el empleo.