Los números que mira el Gobierno para dar marcha atrás con el cobro de sueldos en billeteras virtuales

A días que se retome el debate en el Congreso de la Nación, una arista del artículo 35, que habilita el pago de haberes en billeteras virtuales, sigue generando debate y controversias. Para las cámaras bancarias, la implementación del artículo en cuestión corre el eje de un mecanismo que hoy funciona como “materia prima” para prestar dinero a pequeñas y medianas empresas: el flujo estable de salarios acreditados en cuentas bancarias tradicionales. Según esgrimen los bancos, ese fondeo estable es el que permite ofrecer crédito con plazos y tasas compatibles con la actividad productiva. Si los salarios se desvían masivamente a billeteras, el dinero cambiaría de naturaleza económica. 

“Cuando los fondos son canalizados a través de los PSP, son gestionados principalmente mediante la colocación en Fondos Comunes de Inversión (FCI)”, establece el comunicado emitido por la  Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA). 

De esta forma, subrayan que se socavaría la capacidad de financiar a empresas y consumidores argentinos. Las billeteras no otorgan crédito productivo: canalizan la mayor parte de los fondos hacia instrumentos financieros de muy corto plazo —principalmente fondos comunes de inversión money market— que, por regulación prudencial, no pueden convertirse en préstamos a más de 30 días. 

El encaje del 100% y el “cuello de botella” regulatorio

Este punto, entienden los bancos, no es menor: hoy, aproximadamente el 40% de los depósitos del sistema financiero ya está colocado indirectamente en fondos de money market. La aprobación del Artículo 35 profundizaría esta dinámica, ampliando el volumen de fondos inestables y reduciendo aún más la base prestable. Aunque esos recursos retornen luego a los bancos, lo harían como fondos institucionales, concentrados y volátiles, que exigen mayores colchones de liquidez y no pueden utilizarse para financiar pymes

“Al reingresar al sistema bancario, estos fondos adquieren la naturaleza de depósitos institucionales, cuya volatilidad se contrapone a la estabilidad requerida para la financiación a mediano y largo plazo. El motivo se justifica porque las normas de liquidez del BCRA (Liquidity Coverage RatioLCR) exigen a las entidades bancarias mantener un coeficiente de liquidez del 100% sobre los depósitos provenientes de los PSP vía FCI, debido a su clasificación como inestables”, esgrimen las entidades bancarias.

Claudio Cesario, presidente de ABA, enfatizó que “para poder prestar se necesita ‘materia prima’: los depósitos”. Y sintetizó la advertencia que inquieta a la banca: si los depósitos salen del sistema bancario, “el crédito, por lógica, se encarece, sobre todo para familias y pymes”. En su visión, la cuenta sueldo es “la espina dorsal del sistema”. El dirigente sumó un elemento de confianza: los depósitos bancarios cuentan con una garantía de hasta $25 millones y, como argumento de robustez operativa, invitó a revisar si en las últimas dos décadas hubo asalariados o jubilados que no cobraron por fallas bancarias.

Del otro lado, el ecosistema fintech argumenta que la discusión es, ante todo, sobre la libertad de elección, la competencia y la modernización: para que trabajadores y jubilados puedan cobrar donde más les convenga, con mejores rendimientos y una mejor experiencia de uso. “La verdadera libertad es elegir. Restringir esa elección no protege a nadie: solo preserva un privilegio para unos pocos que existe desde hace más de 30 años. Defender la libertad no debilita el sistema financiero: lo fortalece, lo moderniza y lo hace más justo”, sostienen desde la Cámara Argentina de Fintech.

La tensión se resume en una advertencia central: en un país donde el crédito productivo suele ser escaso y caro incluso en los mejores momentos, cualquier alteración en la mecánica de fondeo genera alarma. Si habilitar billeteras para el pago de haberes deriva en que una porción mayor del salario se estacione fuera de los depósitos bancarios tradicionales (o retorne a los bancos como depósito “inestable”), se achica el margen de maniobra de los bancos para transformar esos recursos en préstamos productivos.  

Radiografía de la distribución del crédito a pymes en Argentina

La preocupación bancaria se vuelve más nítida al observar cómo se reparte el financiamiento entre las pequeñas y medianas empresas. Un informe de ABAPPRA a partir de los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra una disparidad fuerte entre quién concentra el volumen de capital prestado y quién llega a más empresas.

Por montos totales, Banco Nación lidera con el 24,0% del capital total destinado a PyMEs. Detrás aparecen Banco Galicia con 14,4%, Banco Santander con 8,9% y Banco Macro con 8,6%. Es decir: el grueso del financiamiento productivo  está concentrado en bancos de gran escala (públicos y privados).

Pero si se mira la cantidad de empresas atendidas, el liderazgo cambia y se vuelve más repartido: Galicia encabeza con 12,7%, Santander con 10,1% y BBVA con 9,0%. Y aparece un dato que agrega complejidad al debate: en esa métrica —cantidad de clientes PyME— irrumpen plataformas y tarjetas con gran capilaridad, como Mercado Libre (8,9% de las firmas) y Tarjeta Naranja (6,3%).

Sin embargo, esa capilaridad no se traduce en volumen prestado. Mercado Libre y Tarjeta Naranja representan apenas 0,6% y 0,5% del total otorgado, respectivamente. Esta lectura sugiere que estos jugadores tienden a enfocarse en créditos de menor cuantía, masivos y distribuidos, mientras que la banca tradicional moviliza la mayor parte del financiamiento productivo. En este punto, el argumento bancario suma un matiz: si se afecta el fondeo sistémico que permite los préstamos grandes o de mayor plazo, el golpe no se mide por la cantidad de operaciones, sino por el volumen y la capacidad de sostener proyectos de inversión y de capital de trabajo. 

Elección, competencia y el riesgo de ecosistemas cerrados

El contrapunto lo marca la Cámara Argentina de Fintech. Su mensaje se apoya en dos pilares: que la economía ya funciona con pagos digitales y que la libertad real es elegir dónde cobrar. Según su comunicado, hoy se realizan 28 pagos electrónicos por adulto al mes, una relación de casi 15 a 1 frente a las extracciones de efectivo, atribuida a la adopción de cuentas digitales. En esa lógica, permitir que los haberes se cobren en billeteras sería un paso natural: “Donde les rinda más, donde les resulte más fácil, donde se sientan mejor tratados”. Para el sector, restringir esa elección preserva un privilegio histórico, pero no protege a los usuarios.

Ahora bien, incluso los datos de comportamiento de usuarios muestran que la convivencia entre ambos mundos ya es una realidad y que la confianza sigue siendo un factor decisivo. Un informe de COELSA indica que el 72% de los usuarios financieros —27 millones de personas— tiene cuenta en un banco y en una billetera a la vez. Hay 8 millones con sólo cuenta bancaria (CBU) y 2 millones con sólo cuenta virtual (CVU). Además, cada argentino tiene en promedio 8 cuentas abiertas; cuatro de cada tipo. Es decir: el sistema ya es híbrido y la disputa se juega por el flujo más valioso: el salario.

Esa idea también aparece en un trabajo de la consultora D’Alessio IROL sobre preferencias de cobro. El 37% sigue eligiendo la cuenta bancaria tradicional como “espacio de resguardo del ingreso”; el 26% acepta cobrar indistintamente en banco o billetera; y un 15% lo haría bajo ciertas condiciones, como transferencias simples o beneficios concretos. La consultora aporta, además, segmentación: mayor apertura entre menores de 34 años; más cautela entre mayores de 55 años. Y una clave social: en los niveles socioeconómicos más bajos, el freno no es tecnológico, sino el riesgo percibido de “perder el ingreso” ante fallas o la falta de soporte.

También hay diferencias territoriales: CABA lidera la apertura; GBA y PBA refuerzan el valor de la cercanía y la atención física. Y ahí vuelve a surgir un argumento que la banca empuja con fuerza: la infraestructura. El referente de ABA advirtió que el negocio de las billeteras “está sustentado sin red física de sucursales ni cajeros” y planteó una pregunta práctica: “¿Dónde piensan que van a ir a cobrar los asalariados?”, recordando que todavía hay un uso relevante de efectivo.

Las Pymes y el crédito en Argentina

En el medio, las pymes miran el tablero con pragmatismo: si la reforma empuja un cambio de canal que termina volviendo más escaso o más caro el fondeo bancario, el costo puede aterrizar en la tasa y en la disponibilidad del crédito. La discusión, entonces, no es sólo quién acredita el sueldo, sino qué engranaje se activa después: si el dinero alimenta préstamos productivos de volumen y plazo, o si se reconfigura hacia un esquema en el que la liquidez obligatoria y la volatilidad percibida achican el margen de prestar y lo encarecen.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostienen que la situación del crédito en Argentina se ha concentrado históricamente en los grandes centros urbanos y en las regiones de mayor producción.

“Dada la situación actual de consumo deprimido, caída de la producción industrial, baja rentabilidad e incertidumbre sobre una posible reactivación, la demanda de crédito es puntual. Incluso con tasas más bajas para pymes, son pocas las actividades que muestran una rentabilidad capaz de absorber ese costo financiero. Las mejores líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas provienen de bancos oficiales, como el Banco Nación, el Banco Provincia y algunas entidades privadas”, sostienen desde la entidad empresaria. Y agregan que “un crédito con tasas promocionales para pymes ronda el 42% anual”, y, si el crédito se encarce aún más producto de la reforma, “habría una menor demanda de crédito y sumaría otro obstáculo para la reactivación de la producción y el consumo”.

¿Qué impacto tendría en el interior del país?

El impacto de un encarecimiento del crédito puede ser más severo en las provincias, donde el sistema de crédito opera con una lógica mucho más cerrada y dependiente de recursos locales. A diferencia de los grandes centros financieros, el financiamiento a las pymes en el interior no se sostiene en el mercado de capitales ni en estructuras complejas, sino principalmente en los depósitos de la propia comunidad: sueldos, cajas de ahorro y cuentas de personas y comercios de la zona.

Ese circuito es clave: los salarios que se pagan en una provincia se depositan en bancos con presencia territorial, y esas mismas entidades vuelcan esos fondos en créditos para negocios, productores y economías regionales. Es un flujo interno, donde el dinero que entra vuelve rápidamente a la actividad local. En la Ciudad de Buenos Aires y en otros polos financieros existen alternativas: grandes empresas, financiamiento corporativo y acceso al mercado de capitales. En las provincias, en cambio, si ese circuito se interrumpe, no hay un reemplazo inmediato. 

Alfredo González, expresidente de CAME y actualmente a cargo de la Federación Económica del Chaco (Fechaco), sostiene que la situación del crédito para las pymes es crítica. 

“Para entender el impacto de esas tasas, basta con observar que dentro del universo pyme, el margen de ganancia habitual ronda entre el 30% y el 35%; lo necesario para poder competir y vender productos o servicios. Hoy, un crédito en el Banco Nación se ubica, como mínimo, diez puntos por encima de ese margen. En el caso del Banco del Chaco, las tasas llegan al 60%, mientras que en los bancos privados el crédito prácticamente no está disponible”, explica.

"Entonces, en el interior, el crédito está prácticamente desaparecido, y lo que existe es bastante caro para ser de reinversión o incluso para capital de trabajo", agregó el vocero, al describir un escenario que se replica en todo el interior del país.

En última instancia, el debate del artículo 35 revela un dilema argentino clásico, actualizado: cómo ampliar libertad de elección y la modernización tecnológica sin romper, ya sea por diseño o por efectos regulatorios, un mecanismo de fondeo que hoy sostiene buena parte del crédito. Si la salida se resuelve como una guerra de trincheras, el riesgo es que el costo lo pague el eslabón más sensible: el crédito para producir, invertir y sostener el empleo de las pymes.