El Gobierno endurece licitaciones para excluir empresas vinculadas a corrupción
Con el decreto 5/2026, se amplían las restricciones para impedir que compañías involucradas en conductas fraudulentas accedan a contratos estatales. Se incorpora un nuevo registro y se avanza en privatizaciones clave.
El Ejecutivo nacional implementó cambios en el régimen de contrataciones públicas a través del decreto 5/2026, con el objetivo de reforzar las restricciones para que no puedan concursar empresas relacionadas con casos de corrupción, fraudes, colusión, coerción u obstrucción. Esta normativa define nuevos criterios para inhabilitar a proveedores y contratistas en obras, servicios y suministros del Estado.
Los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no figuren en las listas de inhabilitados del Banco Mundial ni del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fortaleciendo así los controles sobre los participantes en procesos licitatorios. Desde el Gobierno se subrayó que la contratación pública debe regirse por principios de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Enfatizaron que la corrupción mina la confianza en las instituciones, afecta la calidad de los servicios estatales y compromete la correcta administración de los recursos públicos, lo que impacta negativamente en el desarrollo económico y social.
Además, el Estado asume un papel activo en la implementación de políticas para disuadir y prevenir el cohecho transnacional, incluyendo la exclusión de empresas involucradas en estas prácticas en procesos de adjudicación de contratos públicos. El decreto elimina la anterior limitación que restringía la inelegibilidad únicamente a casos de corrupción definidos por la Convención de la OCDE contra el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros, ampliando así el espectro de conductas sancionadas.
Esta reforma se produce luego de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En ese expediente se detectaron contratos manipulados, adelantos financieros sin justificación, abandono de obras sin sanciones y extensiones de plazos injustificadas.
Desde 2025, también se implementó el nuevo Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una plataforma que moderniza y unifica la inscripción y calificación de empresas que desean participar en licitaciones públicas, reemplazando al registro anterior. En paralelo, el Gobierno continúa con su plan de privatizaciones. A fines de 2025, lanzó el concurso para vender acciones de Transener, la principal transportadora eléctrica del país, un paso fundamental hacia la privatización de Enarsa. La apertura de sobres está prevista para el 23 de marzo.
Asimismo, avanza la segunda etapa de concesión de rutas nacionales, que comprende el tramo 2 con autopistas como Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas, además de sectores de las rutas 3 y 5. El 6 de febrero se abrirán las ofertas por más de 1.800 kilómetros que actualmente administra Corredores Viales.
