Las cuotas de colegios privados en Buenos Aires subirán más del 6% desde abril

Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires aprobaron nuevas bandas arancelarias para los colegios privados que reciben aportes estatales, estableciendo los valores que deberán cobrarse desde abril. Esta actualización responde a la necesidad de adecuar los ingresos de estas instituciones a los costos vigentes, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

En detalle, para los colegios de nivel inicial y primario que cuentan con hasta un 100% de subsidio estatal para el pago de salarios docentes, la cuota mensual será de $32.880 a partir de abril. En tanto, aquellos con hasta un 40% de aporte estatal tendrán un tope de $148.660. Para el nivel secundario, las cuotas oscilarán entre $36.200 y $193.160 según el porcentaje de subsidio recibido.

Los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada en Arte tendrán cuotas mensuales que varían entre $41.790 y $221.070, también dependiendo del nivel de aporte estatal sobre los salarios docentes, que fluctúa entre el 100% y el 40%. Este nuevo cuadro arancelario fue avalado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense luego de una solicitud de AIEPA basada en los resultados de la última paritaria docente. El aumento promedio respecto al ajuste previo es del 6,5% para todas las categorías y modalidades.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, señaló que “estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones”. El dirigente destacó además que, aunque se autorizó el aumento, “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.

Hace dos semanas, Zurita había anticipado que solicitarían un aumento del 13,3% para marzo y otro del 14,6% en abril, tras un acuerdo con el gobierno provincial que demandaba un ajuste retroactivo del 8,1% para los meses de diciembre, enero y febrero. Sin embargo, “desde el Gobierno no autorizaron ese porcentaje, solo nos dieron un 3% retroactivo a diciembre”, precisó.

AIEPA representa a 2.500 colegios bonaerenses, que cubren el 30% de la matrícula provincial con más de 1,3 millones de alumnos. Zurita advirtió que el impacto de la suba de tarifas y servicios es significativo: “Estamos abajo un 15% por el aumento a nivel nacional de los servicios. Los colegios privados, el año pasado cerraron con una morosidad en cuota del 9%. Y muchas tuvieron que pedir créditos para completar el pago del sueldo docente”.

Además, existe una presión financiera adicional por el incremento de tasas municipales, como en el Municipio de Pilar, donde se implementó una nueva contribución obligatoria y se elevó la Tasa de Seguridad e Higiene. Según AIEPA, cerca del 70% de los colegios privados bonaerenses recibe subsidios estatales para cubrir parte o la totalidad de los salarios docentes. Estos establecimientos no pueden modificar sus aranceles sin la autorización provincial, a diferencia de los colegios sin subsidios que pueden trasladar automáticamente los aumentos.

La provincia cuenta con más de 4.000 instituciones educativas subsidiadas, cuyo aporte estatal cubre entre el 40% y el 80% de los salarios. Mientras que los gastos en servicios y mantenimiento quedan a cargo de cada colegio.

En los últimos años se observó el cierre de varias escuelas privadas, especialmente en el conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata. AIEPA atribuye esta situación a una combinación de factores como la caída de la natalidad, reducción de la matrícula (con unos 300.000 alumnos menos en el sistema educativo en cuatro años), atraso en los aranceles, aumento de tarifas y dificultades económicas familiares que elevaron la morosidad. Zurita concluyó que “hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”.

El Gobierno provincial aseguró que el ajuste busca equilibrar la sostenibilidad de las instituciones sin afectar la accesibilidad educativa. Además, se mantendrán controles para evitar incrementos desmedidos y proteger a las familias ante la inflación persistente.