La Secretaría de Comercio derogó 69 normas para favorecer la liberalización del mercado
Entre otras medidas se autorizó que las cuotas de la educación privada puedan aumentar sin limites y se eliminaron normas complementarias de las ya derogadas Precios Justos, Ley de Góndolas y Ley de Abastecimiento.
Por Eric Nesich
El Gobierno oficializó la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, para cumplir con la meta de "disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio".
"El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria", escribió el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.
Las 69 normas fueron dadas de baja mediante la resolución 51/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, porque "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado", afirmó la Secretaría de Comercio.
Desde la secretaría se remarcó que "se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios".
Algunas de las normas derogadas son el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.
"Las normas obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado"
"Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior", se argumentó.
Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.
Desde Comercio justificaron que "estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país".
Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando "a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real".
Asimismo, en un apartado que generará controversia se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, por lo que las instituciones educativas de índole privada podrán aumentar sus cuotas sin limites todo lo que lo consideren necesario, al igual que las empresas de medicina prepaga.
También se derogó la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores "que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores".
