La Justicia pidió la extradición de Kueider y su secretaria

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ha tomado la decisión de enviar un exhorto internacional para solicitar la extradición del ex senador Eduardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa. Ambos se encuentran actualmente bajo arresto domiciliario en un departamento en Paraguay, después de haber intentado ingresar al país con USD 211.000 no declarados, lo que les ha llevado a ser acusados de contrabando de divisas.

Este pedido de extradición surge en el contexto de una investigación más amplia que la magistrada está llevando a cabo sobre Luis Kueider y su asistente, relacionada con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La solicitud fue emitida poco después de que Kueider fuera expulsado de la Cámara Alta por una amplia mayoría, lo que evidencia la situación. Además de requerir su extradición, Arroyo Salgado ha dispuesto que sean detenidos tan pronto como ingresen al territorio argentino.

También ha ordenado que tanto Kueider como Guinsel Costa sean trasladados a su juzgado federal en San Isidro, donde se procederá a incautar sus teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y otros objetos que poseían al momento de su detención por las autoridades paraguayas. La jueza ha subrayado la importancia de esclarecer todos los vínculos financieros de Kueider y su secretaria, ya que podrían implicar a otros actores en un posible esquema de lavado de dinero a gran escala. La comunidad internacional estará atenta a los próximos pasos judiciales, que podrían sentar un precedente en casos de corrupción política.

La jueza ha señalado que la cooperación entre países es crucial para combatir la corrupción y el crimen organizado. En este sentido, esperan que Paraguay responda de manera ágil a la solicitud de extradición, lo que podría acelerar el proceso judicial y permitir una mayor transparencia en la investigación que involucra al funcionario Kueider y su secretaria, Iara Costa. La jueza Arroyo Salgado ha enfatizado que este caso no solo afecta la imagen de la política argentina, sino que también podría abrir la puerta a una serie de investigaciones sobre otros funcionarios involucrados en actividades ilícitas.