El gobierno reglamenta la reforma laboral con cambios en sindicatos y convenios
Mediante cuatro decretos, el Ejecutivo oficializó modificaciones clave en la Ley de Modernización Laboral, incluyendo un nuevo recibo de sueldo, controles sindicales, un fondo para indemnizaciones y beneficios para formalizar empleo no registrado.
El gobierno de Javier Milei oficializó la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral a través de cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial. Estas medidas ponen en marcha modificaciones significativas en convenios colectivos, actividad sindical, recibos de sueldo, indemnizaciones y empleo registrado.
El Decreto 407/2026 establece nuevas reglas para la negociación colectiva y fortalece los mecanismos de control sobre las organizaciones gremiales. Además, oficializa un nuevo formato obligatorio para los recibos salariales, que deberá incluir un apartado detallado con el costo laboral total que afronta el empleador, incorporando aportes sindicales, contribuciones a la seguridad social, obra social, PAMI y aseguradoras de riesgos del trabajo, entre otros conceptos.
En cuanto a la negociación colectiva, la reglamentación fija criterios para determinar cuándo un convenio podrá considerarse vencido y habilitar una nueva ronda de negociaciones. Si no existe una fecha explícita de expiración, la autoridad laboral podrá tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026 para iniciar el proceso. Asimismo, los aportes y cargas económicas previstas en los convenios deberán computarse de manera global para verificar el cumplimiento de los límites legales, y los acuerdos que superen esos topes deberán ajustarse a la normativa vigente.
Respecto a la actividad sindical, la reglamentación introduce controles más estrictos. Los cuerpos directivos de los sindicatos deberán mantener una proporción razonable en relación con la cantidad de afiliados cotizantes, y se habilitan mecanismos de verificación mediante cruces de datos con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otras bases públicas. También se modifican las condiciones para el uso del crédito horario sindical, que ahora requiere notificación con 48 horas de anticipación y debe compatibilizarse con la continuidad de las actividades empresariales.
Otro cambio importante vinculado a la representatividad sindical establece que la autoridad podrá verificar la cantidad de afiliados de cada organización. En caso de disputa por la personería gremial, la entidad aspirante deberá demostrar una representación superior a la del sindicato que ya la posee.
En materia de digitalización laboral, el decreto ratifica que la registración de trabajadores se realizará a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que centralizará altas, bajas y modificaciones de datos laborales. Además, las certificaciones médicas que indiquen reposo deberán emitirse de forma electrónica mediante plataformas registradas y profesionales habilitados.
En caso de discrepancias entre el diagnóstico del trabajador y el control médico del empleador, se podrá recurrir a una junta médica oficial o a instituciones especializadas. La normativa también dispone que la ANSES notificará a empleadores y agentes del sistema de salud sobre el inicio y finalización de trámites jubilatorios, fortaleciendo la comunicación entre organismos.
Por último, el Decreto 409/2026 reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que busca incentivar la formalización laboral. Este régimen ofrece condonaciones de hasta el 90% de las deudas previsionales para micro y pequeñas empresas, un 80% para medianas y un 70% para el resto. Además, las deudas relacionadas con obras sociales, riesgos del trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio serán condonadas en un 100%. La parte restante podrá pagarse en planes de facilidades o al contado con una reducción adicional del 50% sobre capital e intereses no condonados.
En paralelo, el Decreto 406/2026 estableció modificaciones tributarias vinculadas a la reforma laboral, precisando que las ganancias por alquileres de inmuebles destinados a vivienda estarán exentas del Impuesto a las Ganancias para períodos fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2026, incluso si los contratos fueron firmados antes de esa fecha. Las medidas buscan reducir la informalidad y promover mayor transparencia en las relaciones laborales.
