El Gobierno derogó 71 normas que regulaban comercios y supermercados
La medida, oficializada por la Resolución 357/2025, elimina regulaciones como la Ley de Góndolas y el programa Precios Justos, buscando promover la libertad de mercado y la competitividad sin intervención estatal.
El presidente Javier Milei y su gobierno oficializaron la derogación de 71 normas que afectaban la actividad comercial en Argentina, mediante la Resolución 357/2025. Esta decisión es parte de un plan para simplificar el marco regulatorio vigente y fomentar un entorno económico más dinámico y competitivo.
Entre las regulaciones eliminadas se encuentran la Ley de Góndolas y el programa Precios Justos, iniciativas que hasta ahora tenían como objetivo mejorar la competencia y controlar la inflación en el sector comercial. Además, la medida incluye la anulación de resoluciones relacionadas con la Ley de Abastecimiento, que facultaban al Estado para fijar precios y márgenes en sectores estratégicos como alimentación, energía y construcción. El Ejecutivo considera que estas políticas eran anacrónicas y restrictivas, limitando la libertad de mercado y la competitividad.
Mientras algunos consumidores expresan preocupación por el posible aumento en los precios debido a la ausencia de controles estatales, otros muestran optimismo sobre el potencial crecimiento económico que podría surgir al eliminarse estas barreras regulatorias. Analistas económicos advierten que el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad para desarrollar un mercado competitivo que naturalmente reduzca los precios sin la necesidad de intervenciones estatales, un proceso que requerirá tiempo y ajustes.
El Gobierno aseguró que acompañará la medida con políticas de apoyo a pequeñas y medianas empresas para evitar concentraciones de mercado y proteger a los consumidores, promoviendo así un equilibrio entre libertad económica y bienestar social. Organizaciones de consumidores y sindicatos convocaron a debates públicos para analizar el impacto de la medida y exigir mecanismos que garanticen la transparencia y la protección del poder adquisitivo frente a posibles aumentos de precios. El Ejecutivo afirmó que esta reforma apunta a estimular la inversión y la innovación, confiando en que un mercado más libre generará empleo y mejores precios a largo plazo, aunque reconoció que el proceso demandará un seguimiento constante para corregir posibles desbalances.
