Cuatro condiciones para que las pymes accedan a una fuerte reducción de cargas patronales

El Gobierno oficializó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida, incorporada en la Ley N° 27.802 aprobada en marzo, tiene como objetivo promover el empleo formal en el sector privado a través de una marcada reducción en las contribuciones patronales.

El decreto establece quiénes pueden acceder al régimen, los procedimientos administrativos para su aplicación y los beneficios otorgados. Las empresas interesadas deberán registrar a sus trabajadores bajo este esquema ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027. Este será el período habilitado para adherirse y utilizar el régimen. En cuanto a las condiciones para que las pymes puedan aprovechar la reducción de cargas, se destacan cuatro aspectos fundamentales:

1. Plazo de registro: Los empleadores deben dar de alta a los trabajadores en ARCA dentro del período establecido, entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
2. Proporción de empleados: Si la contratación se realiza a partir del 10 de diciembre de 2025, la empresa podrá incluir hasta un máximo del 80% de su plantilla en el régimen. Para contratos anteriores a esta fecha, no hay límite en la proporción de empleados adheridos.
3. Perfil de los trabajadores: Podrán ser incorporados aquellos sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan estado desempleados durante los seis meses previos a la contratación, monotributistas y empleados públicos en cualquiera de sus niveles. El régimen permite que los trabajadores tengan ingresos adicionales sin perder los beneficios.
4. Exclusión de reincorporaciones recientes: No podrán incluirse trabajadores que hayan estado empleados en la misma empresa y se hayan desvinculado en los últimos doce meses.

El mayor atractivo del RIFL es la reducción de las contribuciones patronales: todas las empresas tributarán un 5% durante los primeros 48 meses desde el inicio de la relación laboral, frente a una carga habitual que oscila entre el 18% y el 20,4%. De este 5%, el 2% se destina al SIPA, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares, mientras que el 3% restante corresponde al subsistema del INSSJP (Ley N° 19.032).

El decreto también mantiene aportes adicionales para ciertos sectores, como el petrolero y eléctrico, que deberán continuar pagando un 2% extra. Asimismo, la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá siendo obligatoria: un 1% para grandes empresas y un 2,5% para pymes, con inicio previsto para el 1 de junio, aunque su implementación puede aplazarse hasta 180 días. Para quienes se adhieran al RIFL, el aporte al FAL será independiente y no se descontará de las contribuciones patronales.

El régimen contempla que, en caso de incumplimientos o causales de exclusión, los empleadores perderán los beneficios y deberán regularizar las contribuciones omitidas con los intereses y sanciones correspondientes. ARCA será la entidad encargada de controlar y aplicar los mecanismos de recomposición.

El RIFL no está diseñado para la regularización masiva de empleo no registrado. Si una empresa intenta blanquear un trabajador que estaba completamente en negro, podría perder el beneficio si se detecta la infracción.

Por último, la reforma laboral incluye un apartado específico para fomentar la formalización de trabajadores con irregularidades en su registración, previsto desde el artículo 168° en adelante. Sin embargo, esta sección aún no fue reglamentada y no está operativa.

Las pymes que cumplan con estas condiciones podrán acceder a una reducción significativa en sus costos laborales, incentivando la creación de empleo formal y mejorando la competitividad del sector. El régimen busca equilibrar beneficios y controles para evitar abusos.