Proponen blanqueo de trabajadores a costo cero para fomentar empleo formal
El Ministerio de Capital Humano analiza una reforma laboral que incluiría un plan para legalizar trabajadores en negro sin que las empresas afronten costos adicionales.
Un equipo del Ministerio de Capital Humano se encuentra trabajando en una propuesta de reforma laboral que se espera presentar durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Entre las medidas que se consideran, destaca la posibilidad de implementar un blanqueo de trabajadores sin que implique un costo para los empleadores. Dentro del paquete de reformas en análisis, se discuten iniciativas como el salario dinámico y la modificación de las jornadas laborales, aunque ya se descartó la idea de establecer un tope a las indemnizaciones, según fuentes consultadas.
El objetivo principal de esta reforma, impulsada por el gobierno de Javier Milei y apoyada por sectores libertarios, es generar empleo genuino y regularizar las relaciones laborales irregulares. En este sentido, el plan de blanqueo a costo cero aparece como una alternativa ambiciosa para facilitar la incorporación formal de trabajadores que actualmente se desempeñan en la informalidad.
Históricamente, en Argentina se han implementado blanqueos que otorgaban beneficios temporales a las empresas, como la reducción de cargas patronales por un período limitado. Sin embargo, estas medidas mostraron resultados limitados, ya que una vez finalizado el plazo, las empresas debían asumir el costo total de los aportes y contribuciones.
El abogado laboralista Julián de Diego, que asesora al Ministerio de Capital Humano y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostiene que “el traspaso de trabajadores en negro a blanco tiene que ser gratis, porque de otro modo las pequeñas y medianas empresas no se van a sumar”. Si bien aún no está definido oficialmente que el blanqueo sea completamente gratuito, desde el Gobierno se considera que lo más lógico para alcanzar el objetivo es que no implique costos para los empleadores. Esto significaría que los empresarios quedarían liberados de pagar las contribuciones patronales, aportes jubilatorios y las multas o intereses derivados de la informalidad previa.
La última experiencia en la reducción de "impuestos al trabajo" fue durante la presidencia de Carlos Menem, aunque esa política no logró reducir el desempleo por debajo del 10%. Los sindicatos, por su parte, expresaron reservas sobre la medida, advirtiendo que podría afectar la recaudación y la calidad de las prestaciones sociales. El Gobierno busca un equilibrio para impulsar la formalización sin perjudicar los derechos laborales.
