El Gobierno amplía el presupuesto 2025 con un DNU para reforzar salud, seguridad y jubilaciones
Con un decreto publicado el 1 de diciembre, el Ejecutivo incrementa en $2,81 billones partidas clave como ANSES, educación y hospitales.
El 1 de diciembre, el Gobierno nacional implementó una ampliación del Presupuesto 2025 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 849/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta decisión autoriza un aumento neto del gasto por $2,81 billones, financiado con ingresos adicionales estimados en $2,88 billones, principalmente por Rentas de la Propiedad y otros recursos superiores a lo previsto inicialmente.
Esta modificación presupuestaria, la primera firmada bajo la gestión de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, redistribuye fondos hacia áreas prioritarias como salud, seguridad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y educación. Según el Gobierno, este refuerzo responde a la necesidad de sostener servicios esenciales y cumplir con obligaciones como jubilaciones, pensiones y sentencias judiciales firmes, sin alterar la meta de resultado fiscal para el año.
El DNU se enmarca en un contexto donde, por segundo año consecutivo, no se aprobó una ley de Presupuesto en el Congreso. En su lugar, continúa vigente el Presupuesto 2023 prorrogado y ajustado a través de medidas administrativas y decretos en situación de emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria y social vigente hasta diciembre de 2025.
El incremento presupuestario se concentra en partidas destinadas a prestaciones previsionales ajustadas por movilidad, asignaciones familiares, seguro de desempleo y programas sociales como el Programa 1000 Días. También contempla transferencias al PAMI, la Prestación Mensual de Oncopediatría y un suplemento para hospitales nacionales de alta complejidad y la ANDIS, que gestiona pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios.
En materia de seguridad, el decreto prevé aumentos para salarios y cajas de retiros del personal militar y de fuerzas de seguridad. En educación, se destinan recursos para becas Progresar, comedores escolares y la universalización de la jornada extendida. Además, se amplían programas laborales como Volver al Trabajo, Fomentar e Intercosecha, junto con prestaciones por desempleo.
Desde el punto de vista político, esta ampliación llega en paralelo a las negociaciones por el Presupuesto 2026. El oficialismo busca mayor margen en el Congreso para avanzar con su agenda económica y laboral, mientras que la oposición cuestiona el creciente uso de DNU para modificar la política fiscal, argumentando la falta de debate legislativo.
El Gobierno justifica la vía del decreto apoyándose en las leyes de emergencia y la ausencia de un presupuesto aprobado, resaltando que el ajuste contempla prioridades sociales y redes de contención en un contexto económico desafiante. Analistas advierten que, aunque la medida busca garantizar el funcionamiento del Estado, podría generar tensiones fiscales si no se controla el gasto. El Ejecutivo insiste en la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica mientras avanza en la negociación parlamentaria para 2026.
