Quiebra de La Suipachense deja sin trabajo a 140 empleados
La tradicional empresa láctea, parte del grupo Maralac, fue declarada en quiebra tras acumular deudas millonarias y paralizar su actividad. Es la segunda firma del mismo grupo que cierra en menos de una semana.
La emblemática empresa láctea La Suipachense fue declarada en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, marcando un duro revés para la industria y dejando sin empleo directo a unas 140 personas. Además, la crisis se extiende a alrededor de 180 tamberos que proveían a la compañía, quienes también sufren las consecuencias por falta de pagos.
La firma, que pertenece a Lácteos Conosur S.A., acumulaba una deuda millonaria, con más de 1.000 cheques rechazados que suman $8.500 millones, además de salarios impagos y compromisos pendientes con proveedores. Su actividad estaba completamente paralizada desde hace varios meses.
La Justicia ordenó la clausura definitiva de la planta ubicada en Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura y la inhabilitación permanente de sus directivos, entre ellos el presidente Jorge Luis Borges León, a quien se le prohibió salir del país. También se instruyó a ARCA y al Banco Central a informar sobre los activos y movimientos financieros de la empresa.
La situación se agravó tras el incumplimiento de un acuerdo preventivo homologado, lo que llevó directamente a la quiebra. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) había alertado sobre la acumulación de salarios adeudados, despidos y la pérdida total de proveedores. Actualmente, ninguno de los trabajadores mantiene empleo ni ingresos.
Las medidas judiciales incluyen la intervención inmediata, clausura con inventario de bienes y, de ser necesario, la habilitación del uso de fuerza pública para asegurar el acceso a las instalaciones. La sindicatura tendrá la responsabilidad de inventariar los activos, verificar los créditos y organizar la liquidación para intentar cubrir parte del pasivo.
Este cierre se suma a la quiebra reciente de otra empresa del mismo grupo, Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que producía postres y yogures para SanCor y dejó sin trabajo a unos 400 empleados. Ambas compañías estaban bajo el control del grupo Maralac, propiedad de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes asumieron la gestión tras la cesión por parte del Grupo Vicentín en 2016 por USD 100 millones. Las autoridades locales y sindicatos buscan alternativas para mitigar el impacto social y económico, mientras se aguarda la definición del futuro judicial de ambas empresas y posibles ofertas de compra que permitan reactivar la producción y preservar empleos en la región.
