El Gobierno inicia la privatización de hidroeléctricas en el Comahue
El decreto permite la venta del paquete mayoritario de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Los gobernadores de Neuquén y Río Negro solicitaron más tiempo para analizar el proceso y presentar observaciones.
El Gobierno ha puesto en marcha la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue mediante el Decreto 263/2025, que contempla la venta del paquete accionario mayoritario de represas como Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En esta oportunidad, se otorgaron 15 días para la convocatoria a un Concurso Público, a pedido de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. Durante 30 años, las mencionadas represas fueron concesionadas, con la expectativa de que retornaran al Estado.
Sin embargo, a lo largo de ese tiempo se han concedido múltiples prórrogas que han permitido continuar con las mismas administraciones. A pesar de que en mayo del año pasado se había delineado un retorno transitorio al Estado Nacional como paso previo para iniciar el proceso de privatización, tres meses después el Ejecutivo optó por extender las concesiones por un período de un año más.
Con este nuevo decreto, el Ejecutivo ratifica la importancia de la participación de las provincias en las decisiones relacionadas con este proceso. De acuerdo a las palabras del Gobierno, la decisión responde a un reclamo de los gobernadores, quienes solicitaron más tiempo para que sus equipos técnicos puedan analizar a fondo el proceso y proporcionar observaciones al Gobierno Nacional.
En este contexto, se ha establecido que las provincias y los organismos interjurisdiccionales involucrados participen de manera activa en el proceso, fijando el plazo de quince días desde la publicación del decreto. Este enfoque ha surgido tras el cumplimiento del plazo de concesión que comenzó en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem.
El anuncio ha generado reacciones diversas en la comunidad, con grupos ambientalistas expresando su preocupación por las implicancias de la privatización en la gestión de recursos hídricos. Por otro lado, sectores empresariales ven con optimismo la apertura del mercado, argumentando que podría atraer inversiones necesarias para modernizar la infraestructura energética de la región.
