Más recortes: el Gobierno elimina el Programa de Microcréditos para la Economía Social
La administración de Javier Milei disolvió el Programa de Promoción del Microcrédito debido a deficiencias en su gestión. El Decreto 1094/2024 menciona pérdidas de fondos y falta de evaluaciones, dejando al personal en situación de disponibilidad.
El Gobierno argentino ha decidido eliminar, a través del Decreto 1094/2024, el "Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social", una medida que busca reducir el gasto público bajo la administración de Javier Milei. Este programa ha sido fundamental para ayudar a personas y grupos con escasos recursos a gestionar su autoempleo.
En el Boletín Oficial, se expone que la decisión se basa en las deficiencias encontradas en la gestión del programa, donde se menciona una pérdida de fondos y la incapacidad de realizar evaluaciones de impacto que justifiquen su existencia. Según la normativa, "desde 2006 se han pagado expedientes por un total de $3.341.517.790, destinados a la capitalización de las Instituciones de Microcrédito", sin embargo, a la fecha de septiembre de 2024, la cartera activa se ha reducido a $751.240.653, lo que habla de una notable pérdida de los fondos entregados a lo largo de los años.
El Gobierno también subraya que la Comisión encargada del programa estaba "sobredimensionada", con una estructura que sobrepasaba los requerimientos operativos que realmente eran necesarios para alcanzar los objetivos del microcrédito. En este contexto, se acusa a dicha Comisión de haber llevado a una “dilapidación de recursos públicos” que debían ser utilizados para los fines específicos de dicho programa.
Además, se critica la falta de evaluaciones formales y estudios de impacto desde la creación del programa, lo que impide medir la efectividad de esta política en el apoyo a emprendedores dentro de la economía social. Concluyen que la decisión responde a una "ineficiencia económica" y que el personal que integraba los programas suprimidos ha sido colocado en situación de disponibilidad.
En este contexto, organizaciones sociales y economistas han expresado su preocupación por el impacto que esta medida tendrá en los sectores más vulnerables. Aseguran que la eliminación del programa podría aumentar la precariedad laboral y limitar las oportunidades de autoempleo.
