Caputo ajusta la meta de privatizaciones a USD 2300 millones para 2026 y 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para los años 2026 y 2027, en el que detalló que una parte importante del financiamiento provendrá de privatizaciones. Según explicó, se esperan ingresos por USD 800 millones en 2026 y USD 1500 millones en 2027, una cifra que representa un ajuste respecto a los USD 2000 millones pronosticados en abril. Hasta la fecha, el Estado ya recaudó USD 356 millones con la venta de su participación en Transener, además de USD 707 millones obtenidos a través de la licitación de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en el Comahue.

Entre los próximos activos que se planean privatizar se encuentran las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, administradas por la empresa estatal Enarsa, donde el Estado mantiene la mayoría accionaria. Estas centrales, equipadas con turbinas Siemens, tienen un valor estimado de alrededor de USD 400 millones cada una y aportan aproximadamente el 10% de la demanda eléctrica nacional.

El proceso de venta enfrenta dos desafíos principales. Primero, el derecho de preferencia de los socios privados actuales, como Central Puerto, AES y Pampa Energía, quienes pueden igualar cualquier oferta, lo que limita la entrada de nuevos inversores y transforma la negociación en un acuerdo entre accionistas existentes. Segundo, la valoración de estos activos es complicada debido a que su precio depende del flujo de ingresos futuros, que se dificulta proyectar tras recientes modificaciones en las reglas de remuneración del mercado eléctrico implementadas por el Gobierno.

En el futuro, Enarsa planea incorporar a la lista de ventas otras dos centrales térmicas: Almirante Brown (575 MW) y Vuelta de Obligado (540 MW). Sin embargo, ambas están sujetas a un fideicomiso que expirará entre 2027 y 2028. En el sector hidroeléctrico, el Gobierno prepara una segunda etapa de concesiones que incluye las centrales Los Nihuiles (265 MW), Diamante (388 MW) y Pichi Picún Leufú (285 MW).

Otro proceso en marcha es la privatización de Belgrano Cargas, que acumula retrasos. El pliego, que se esperaba para marzo según anticipos previos, aún no fue publicado. Esta licitación contempla tres activos distintos: la concesión por 50 años de las vías de los ramales San Martín, Belgrano y Urquiza, con un fuerte componente de financiamiento internacional y arbitraje en el extranjero; la venta del material rodante (locomotoras y vagones) valorado en unos USD 500 millones, un activo que ha ganado valor debido a la escasez en el mercado global; y el alquiler de los talleres de reparación bajo un esquema de leasing.

A diferencia de otros procesos, la concesión de las vías no genera ingresos inmediatos para el Tesoro, ya que las empresas se comprometen a realizar obras durante un periodo de cinco a 15 años. En cambio, el ingreso más rápido provendría de la venta del material rodante, que se pagaría en cinco cuotas: un anticipo del 20% y cuatro pagos anuales condicionados al avance de las obras.

El proceso de privatización que más interés ha despertado es el de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), que también muestra mayor avance. A mediados de mayo, el Gobierno publicó los pliegos para la venta del 90% de las acciones de la empresa, buscando recaudar unos USD 500 millones para abonar deuda. El esquema consiste en dos etapas: primero, la venta de al menos el 51% del capital a un operador privado mediante licitación, y luego la colocación del resto de las acciones estatales en el mercado. El 10% restante quedará en manos de los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada. Entre los interesados figuran el empresario José Luis Manzano y Sabesp, compañía brasileña especializada en gestión de agua y residuos.

Por otro lado, la privatización de Intercargo sufrió un revés. Tras dos prórrogas, el Gobierno abrió las ofertas para vender el 100% de la empresa de asistencia en tierra, que opera en más de 20 aeropuertos nacionales, pero no recibió ninguna propuesta. El precio base era de USD 45 millones.

Finalmente, Tandanor, que se encarga del mantenimiento y reparación de buques, junto con la imprenta Casa de Moneda, completan la lista de activos que el Gobierno está considerando incluir en el proceso de privatización, aunque aún sin un cronograma definido. El ministro destacó que, pese a la reducción, el plan mantiene su ambición fiscal y busca optimizar la gestión de activos para fortalecer las finanzas públicas, priorizando procesos transparentes y la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.