La Oficina Anticorrupción extiende hasta el 31 de julio la presentación de declaraciones juradas 2025
El organismo prorrogó el plazo para que funcionarios públicos presenten sus Declaraciones Juradas Patrimoniales, vinculando la extensión a la espera de datos fiscales correspondientes a 2025.
La Oficina Anticorrupción anunció una extensión en el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al ejercicio 2025. Mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que el nuevo vencimiento será el 31 de julio de 2026, en lugar de la fecha original del 30 de mayo.
Esta medida afecta a todos los funcionarios sujetos a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la cual exige la presentación de declaraciones al inicio de la gestión, su actualización anual y un informe final al momento del egreso. El propósito principal es asegurar que la obligación de transparencia se cumpla correctamente.
Desde la Oficina Anticorrupción explicaron que la prórroga se debe a la necesidad de disponer primero de la información fiscal del período 2025, en especial las declaraciones de impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. Estos datos son aportados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuyos plazos de presentación suelen extenderse hasta la primera quincena de junio.
La dependencia entre los sistemas impositivo y patrimonial obliga a sincronizar los tiempos administrativos. En palabras del organismo, “sin la habilitación de los formularios fiscales no es posible completar correctamente las declaraciones patrimoniales”. Por ello, se consideró indispensable modificar la fecha límite. Además, la resolución instruye a las áreas de recursos humanos de cada organismo público a difundir esta prórroga entre los funcionarios afectados, con el fin de que se garantice el cumplimiento en tiempo y forma.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral es una pieza clave para monitorear la evolución de los bienes de los funcionarios públicos. Forma parte del sistema de prevención de conflictos de interés y es un mecanismo fundamental en la lucha contra la corrupción.
La medida busca facilitar el cumplimiento y evitar sanciones por presentaciones tardías. Se recomienda a los funcionarios iniciar el proceso con antelación para asegurar la correcta carga de información y evitar inconvenientes administrativos.
