La nueva normativa del BCRA que asusta a los extranjeros

El Directorio de la entidad monetaria dispuso una nueva normativa en conjunto con la AFIP para prevenir el lavado de dinero.

Por Gonzalo Andrés Castillo

Redactor especialista en finanzas y mercado de capitales

Viernes 01 de abril del 2022 a las 3:57 pm

 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso el último día de marzo que las entidades financieras obligadas a reportar cuentas de no residentes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de las reglas previstas por el Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), deberán instrumentar estándares internacionales en materia de identificación de dichos clientes.

 

La comunicación le permite al BCRA intervenir en la supervisión de los procesos de debida diligencia instrumentados por las entidades bajo su órbita, en relación con CRS y la ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero (FATCA).

 

Como parte de los procesos de debida diligencia, las entidades financieras obligadas a reportar cuentas de no residentes a la autoridad tributaria deben requerir a sus clientes no residentes una declaración jurada que incluye, para personas humanas y jurídicas, la información sobre el país de residencia fiscal y el número de identificación fiscal, dirección, controlantes, entre otros datos.

 

Las entidades alcanzadas tendrán un plazo de 60 días para dar cumplimiento al requerimiento de la referida declaración jurada para el caso de las cuentas existentes y de 10 días para las nuevas cuentas. La adaptación que deben realizar las entidades a la información que actualmente suministran permitirá cumplir los requisitos del estándar fijado por la OCDE.

 

La comunicación se enmarca en la colaboración coordinada por la AFIP con los organismos de contralor de entidades financieras a los fines de dar cumplimiento efectivo a las verificaciones a las que se encuentra obligada Argentina en el marco del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes.

 

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