FATE deberá pagar salarios mientras la Justicia define la legalidad de los despidos en San Fernando
La Cámara Nacional de Apelaciones mantiene la medida cautelar que obliga a la empresa a abonar los sueldos de los 920 trabajadores despedidos hasta que se resuelva si los despidos son ilegales.
El conflicto laboral en la planta de FATE en San Fernando sumó un nuevo capítulo con una decisión judicial que representa un alivio para los trabajadores despedidos tras el cierre definitivo de la fábrica. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, mantiene vigente una medida cautelar que obliga a la empresa a continuar abonando los salarios de los 920 empleados afectados mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la legalidad de los despidos.
El Juzgado Nacional del Trabajo N°17 elevó la apelación a la Cámara para que esta defina si el cierre de la planta y los despidos deben ser considerados “ilegales, ineficaces e inexistentes”, tal como reclama el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Hasta que no exista una resolución definitiva, FATE está obligada a seguir pagando los sueldos de los despedidos.
En declaraciones tras un abrazo simbólico en la planta, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, explicó: "El juzgado 17 acaba de elevar la apelación a la Cámara 2 para que decida si los despidos quedan definitivamente como ilegales, como ineficaces e inexistentes. Pero a la vez, el carácter en que eleva esta apelación es con la cautelar que paga los sueldos a todos los trabajadores decidida por la Cámara de Apelaciones en suspenso. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras resuelva la Cámara de Apelaciones continuará pagando el salario a todos los compañeros de FATE que vienen cobrando".
El dirigente sindical calificó la medida como un "alivio económico justo" y la consideró una respuesta frente al lockout patronal que, según el gremio, implica una paralización voluntaria de la producción para presionar en el conflicto. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya había ordenado en mayo de 2025 que FATE cumpliera un acuerdo para no despedir personal hasta mediados de 2026 y que abonara los salarios adeudados. Esta nueva resolución prolonga esa obligación mientras se define el litigio principal.
El conflicto comenzó el 18 de febrero cuando FATE, controlada por Javier Madanes Quintanilla, anunció el cierre definitivo de la planta en San Fernando, dejando sin empleo a 920 trabajadores. La empresa argumentó la falta de viabilidad económica debido a la pérdida de competitividad, el aumento de importaciones, la caída de precios internacionales y los altos costos de producción.
Por su parte, el sindicato sostiene que el cierre violó un acuerdo homologado judicialmente y denunció un lockout patronal. También se han aplicado medidas cautelares a favor de los trabajadores, como un embargo cercano a $3.000 millones sobre bienes de la empresa por supuestos incumplimientos en el pago de salarios y resoluciones judiciales.
El conflicto tiene además un frente penal, con la empresa impulsando un desalojo de la planta ocupada por los trabajadores. En este proceso, la Justicia citó a declaración indagatoria a 24 empleados, medida que fue rechazada por el sindicato y organizaciones que defienden la permanencia como una forma de proteger los puestos de trabajo.
El SUTNA anunció que continuará la lucha judicial y política. Crespo cuestionó la actitud del gobierno bonaerense, afirmando: "Es una muestra clara de que el Ministerio de Trabajo nos tiene que dar la audiencia que hemos pedido y que el gobernador de la provincia de Buenos Aires está quedando en una forma de actuar más a la derecha que la propia Justicia. El silencio de cuatro meses ya es una declaración. Pedimos inmediatamente la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobernador".
Entre los pedidos del sindicato se destaca la iniciativa para aprobar un proyecto de ocupación temporaria de la planta industrial, presentado en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense. Esta medida permitiría declarar de utilidad pública la fábrica y mantenerla operativa mientras se busca una solución al conflicto, preservando así los puestos de trabajo en la única planta de neumáticos para buses y camiones del país.
La empresa aún no se pronunció oficialmente sobre la medida, pero fuentes cercanas indicaron que evaluarán los pasos legales a seguir. Mientras tanto, los trabajadores mantienen la ocupación y esperan una solución favorable para evitar la pérdida definitiva de sus empleos.
