Controversia judicial tras la liberación de 114 detenidos en la marcha de jubilados frente al Congreso
La jueza Karina Andrade enfrenta una denuncia penal tras liberar a 114 detenidos sin verificar antecedentes. Patricia Bullrich la acusa de complicidad y critica la decisión, intensificando el debate sobre la justicia y la seguridad pública.
La reciente liberación de 114 detenidos tras los disturbios en la marcha de jubilados frente al Congreso ha generado una profunda controversia tanto en el ámbito judicial como político. La jueza Karina Andrade, responsable de esta decisión, se encuentra bajo investigación penal iniciada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, que la acusa de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado. Bullrich, al comunicar la medida a través de su cuenta de X, expresó su descontento: "Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego". Según la ministra, Andrade "los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes", asegurando que su accionar no puede considerarse un error, sino más bien "complicidad".
Las críticas hacia la jueza se intensificaron después de que se divulgó que la magistrada liberó a los detenidos mediante un mensaje de WhatsApp, sin realizar un escrutinio exhaustivo de sus antecedentes penales. Desde el Ministerio de Seguridad afirman que Andrade incluso permitió la intervención de defensores no designados y tomó la decisión de liberación sin realizar los controles pertinentes. Los detenidos en cuestión, según el Gobierno, tienen causas previas por lesiones, narcotráfico y robo.
Frente a las acusaciones, la jueza Andrade defendió su resolución y argumentó que las detenciones no cumplieron con los requisitos legales fundamentales. "La Fiscalía no proporcionó información precisa sobre el horario, lugar y motivos de las detenciones", manifestó, enfatizando que no se logró un control judicial adecuado. En su defensa, sostuvo que no había detenidos imputados por delitos graves, refutando los dichos del Gobierno sobre la supuesta peligrosidad de los liberados.
La investigación sobre los hechos del 12 de marzo continúa, con la posibilidad de que surjan nuevas imputaciones o sanciones. La actuación de la jueza Andrade será evaluada por la Justicia para determinar si se infringieron sus deberes, o si, como argumenta, actuó para garantizar los derechos constitucionales de los detenidos.
