El Ministerio de Seguridad denuncia penalmente a los organizadores de la marcha de los jubilados
Patricia Bullrich presentó una denuncia penal en la Justicia Federal tras los disturbios en la marcha de jubilados, apuntando a Mario Firmenich, Fernando Espinoza y otros, por promover actos desestabilizadores durante la protesta.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la dirección de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal tras los disturbios ocurridos en la reciente marcha de jubilados e hinchas en el Congreso. Esta acusación incluye los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, así como Asociación Ilícita Agravada.
La denuncia fue radicada ante la Justicia Federal y mencionó a varios individuos como posibles responsables de los disturbios. Entre ellos se encuentra Mario Firmenich, exlíder montonero, y Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. Asimismo, se señala a grupos organizados que, según el Ministerio, instigaron los incidentes con el objetivo de desestabilizar la marcha de jubilados. Otro nombre envuelto en las acusaciones es el de Leandro Capriotti. Según las acusaciones, Capriotti coordinó a diversos grupos de barrabravas para llevar a cabo estos actos de violencia.
La intervención del ministerio también generó críticas hacia la jueza Karina Andrade, responsable de ordenar la liberación de casi todos los detenidos. Desde la cartera de Seguridad, se argumenta que esta decisión se tomó sin considerar adecuadamente la prueba ni los antecedentes penales de los liberados, quienes se encontraron involucrados en delitos como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes.
Por último, el ministerio sostiene la intención de que se declare la incompetencia del juzgado de Andrade en este asunto. Además, no se descarta la posibilidad de presentar una denuncia penal contra la jueza por presunto prevaricato, dado que su resolución podría interpretarse como un incumplimiento de los deberes propios de un funcionario público. La situación ha generado un debate en la opinión pública, con voces a favor y en contra de las acciones del gobierno. Mientras algunos consideran que la denuncia es necesaria para mantener el orden, otros argumentan que se busca silenciar a la oposición.