Vía Navegable Argentina inicia operación con baja de 13,5% en peajes y plan de modernización

La empresa Vía Navegable Argentina (VNA) comenzó a operar la Vía Navegable Troncal (VNT), tras ganar la licitación que le otorga la concesión por los próximos 25 años. En su primer anuncio, la compañía informó una reducción del 13,5% en la tarifa de peaje, que pasó de USD 4,30 a USD 3,80, una medida que busca abaratar los costos logísticos y mejorar la competitividad de los puertos argentinos.

El consorcio ganador está integrado por la belga Jan De Nul, que ya había sido concesionaria anteriormente, y la argentina Servimagnus. La VNT es una infraestructura estratégica para Argentina, ya que conecta cerca de 60 terminales portuarias y soporta el tránsito de aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales, facilitando la salida de productos hacia los mercados internacionales.

VNA estimó que la reducción tarifaria podría generar un ahorro logístico anual para el sector agroexportador de entre USD 375 millones y USD 456 millones, con un impacto directo en la eficiencia del puerto del Gran Rosario, uno de los más importantes del país. La nueva etapa de administración contempla tareas de dragado, redragado, señalización y ampliación del canal, además de la incorporación de tecnología para modernizar las operaciones y garantizar un tránsito más seguro y con mayor capacidad de carga.

El proceso licitatorio concluyó en julio y fue promovido por el gobierno de Javier Milei. Desde el Ministerio de Economía destacaron que esta concesión representa un paso fundamental para la modernización del corredor logístico fluvial, donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas.

Según la cartera económica, las mejoras permitirán que los buques puedan salir con más carga y en menos tiempo desde los puertos de origen, lo que reducirá significativamente los costos logísticos para los sectores productivos e industriales del país. Con esta privatización, el Estado argentino finaliza la etapa de administración pública del corredor fluvial principal del comercio exterior y abre paso a un esquema de inversión privada para potenciar la infraestructura.

La hidrovía conecta los principales puertos exportadores con el Océano Atlántico y concentra gran parte del movimiento de granos y commodities. El Ministerio de Economía resaltó que la licitación fue una de las más complejas técnicamente y se llevó adelante sin objeciones de las empresas participantes. El Gobierno nacional mantendrá su rol como autoridad de control y avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control, que incluirá a usuarios privados y representantes de las provincias ribereñas para supervisar cada fase de la concesión.

El proceso contó con instancias de participación y transparencia, según el Ministerio de Economía, que destacó la realización de mesas técnicas con usuarios privados, especialistas, productores, industriales, sectores navieros y portuarios, universidades y las provincias involucradas. Además, la licitación estuvo acompañada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que garantizó el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales.

En el tramo final del proceso surgieron controversias entre oferentes. La competidora belga DEME envió una nota al ministro Luis Caputo expresando su intención de presentar una nueva iniciativa para relicitar la vía bajo condiciones económicas diferentes. En respuesta, Jan De Nul y Servimagnus cuestionaron públicamente la propuesta de DEME, argumentando errores en el plan económico-financiero, especialmente en el cálculo del impuesto al valor agregado y en el nivel de inversión previsto.

El consorcio ganador señaló que DEME había calculado un IVA de apenas USD 95 millones para todo el período, cuando el cálculo correcto debería rondar los USD 1.600 millones. También criticaron que DEME proyectaba una inversión de USD 280 millones solo para los primeros cinco años, sin inversiones posteriores, comparado con los USD 850 millones contemplados por el consorcio adjudicatario. Asimismo, cuestionaron que DEME sobreestimaba sus ingresos por tarifas en unos USD 370 millones y que no impugnó el esquema tarifario durante la licitación, pese a tener la oportunidad de hacerlo y haber respaldado la transparencia del proceso meses antes.

El Ministerio de Economía confirmó que la concesión fortalecerá la infraestructura fluvial, impulsando la competitividad y el desarrollo regional. Las inversiones previstas buscarán garantizar la sustentabilidad y eficiencia del corredor hasta 2048.