El Gobierno postergó el aumento del impuesto a los combustibles y busca contener el impacto en los precios

El Gobierno nacional resolvió postergar una vez más la aplicación de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan los combustibles líquidos. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 405/2026, que extiende hasta el 1 de julio la entrada en vigencia de las actualizaciones tributarias correspondientes a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

De esta manera, durante todo junio seguirán congelados los incrementos que debían aplicarse sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono, dos componentes que tienen una incidencia directa en el precio que pagan los consumidores en los surtidores.

La nueva norma modifica el Decreto 617/2025 y prolonga el diferimiento de los ajustes acumulados correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, además de las actualizaciones vinculadas al primer trimestre de 2026.

Según establece la legislación vigente, estos tributos deben actualizarse periódicamente tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Sin embargo, al igual que ocurrió en oportunidades anteriores, el Poder Ejecutivo optó por postergar la aplicación plena de esos incrementos para evitar un impacto mayor sobre los precios de los combustibles y, por efecto cascada, sobre el resto de la economía.

Los aumentos pendientes se aplicarán desde julio

El decreto establece que el total de las actualizaciones aún no trasladadas a los surtidores comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2026. Esto incluye los ajustes acumulados durante 2024, 2025 y los correspondientes al primer trimestre del presente año.

Además, la normativa modifica una disposición previa y amplía el período de diferimiento. En lugar de regir únicamente durante mayo, como estaba previsto originalmente, la postergación se extenderá hasta el 30 de junio.

Desde el Gobierno señalaron que la medida forma parte de la estrategia económica destinada a sostener el proceso de desaceleración inflacionaria y acompañar la recuperación de la actividad.

En los fundamentos del decreto se sostiene que la decisión busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", procurando equilibrar la necesidad de actualización de impuestos con el objetivo de evitar mayores presiones sobre los precios.

La medida entrará formalmente en vigencia desde el 1 de junio y garantiza que durante este mes no habrá incrementos derivados de estos impuestos específicos sobre los combustibles alcanzados por la disposición.

Para el mercado, la decisión implica una nueva moderación en uno de los componentes que suelen impactar de manera inmediata sobre la inflación. Cada ajuste en los impuestos a los combustibles repercute no sólo en los precios de las estaciones de servicio, sino también en los costos logísticos y de transporte que terminan trasladándose a numerosos bienes y servicios.

Por eso, la postergación vuelve a ser interpretada como una herramienta de corto plazo para evitar sobresaltos en el índice de precios, en momentos en que el Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria y mantener bajo control uno de los factores más sensibles para el bolsillo de los argentinos