El Gobierno impulsa el “Súper RIGI” para atraer megainversiones en industrias que hoy no existen en el país

El Gobierno nacional envió al Congreso un nuevo proyecto de ley bautizado como “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, aunque en la práctica ya comenzó a ser conocido como el “Súper RIGI”. La iniciativa busca seducir a grandes capitales internacionales para desarrollar actividades productivas y tecnológicas que hoy prácticamente no tienen presencia en la Argentina.

La propuesta estará vigente durante cinco años, siempre y cuando consiga la aprobación parlamentaria, y apunta exclusivamente a inversiones de enorme escala: el piso mínimo será de US$ 1.000 millones por proyecto.

Según el texto enviado al Legislativo, la idea es fomentar el desembarco de sectores considerados estratégicos para la economía global del futuro. Entre ellos aparecen desarrollos vinculados a inteligencia artificial, biotecnología avanzada, fabricación de semiconductores e infraestructura digital de última generación.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que sólo podrán ingresar emprendimientos completamente nuevos para el país o actividades que todavía se encuentren en etapa experimental o piloto. Es decir, el esquema dejará afuera ampliaciones de plantas ya existentes, reconversiones industriales o modernizaciones de empresas que ya operan en el mercado local.

En materia tributaria, el proyecto contempla una fuerte batería de beneficios fiscales. La alícuota del Impuesto a las Ganancias se reduciría al 15% para las firmas adheridas, bastante por debajo de la carga general y también más baja que la prevista originalmente en el RIGI tradicional, que fijaba un 25%.

También habrá ventajas para el reparto de utilidades y dividendos. En este caso, la carga impositiva caería al 3,5% luego de cuatro años dentro del régimen. El esquema anterior establecía un piso del 7%.

A eso se suman incentivos aduaneros y cambiarios. El proyecto elimina derechos de importación y exportación para bienes relacionados con las inversiones y habilita un acceso gradual a las divisas generadas por exportaciones. El esquema prevé libre disponibilidad del 20% de los dólares en el primer año, 40% en el segundo y el 100% a partir del tercero.

Otro de los ejes fuertes de la iniciativa es la estabilidad jurídica. El Gobierno promete mantener durante 30 años las mismas reglas tributarias, aduaneras, cambiarias y previsionales para quienes ingresen al programa. Incluso se contempla la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales en caso de conflictos entre el Estado y las empresas.

El proyecto también obliga a provincias y municipios a adherir formalmente para que las inversiones puedan acceder a los beneficios nacionales. En ese sentido, el texto advierte que cualquier normativa local que contradiga o limite los incentivos previstos podría ser considerada inválida.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema surge a partir de conversaciones con empresarios e inversores que reclamaban un régimen todavía más agresivo que el RIGI original para sectores de innovación y tecnologías emergentes.

“La experiencia acumulada y el diálogo con los actores productivos y financieros demostraron la necesidad de crear una herramienta superior, enfocada específicamente en actividades genuinamente nuevas para la Argentina”, argumentó el Gobierno en los fundamentos del proyecto.

Entre las industrias que podrían quedar alcanzadas por el “Súper RIGI” aparecen proyectos vinculados a la cadena del litio y la fabricación de baterías, plantas de hidrógeno verde, desarrollos de GNL, reactores nucleares modulares, producción de paneles solares y turbinas eólicas.

La lista también incluye autos 100% eléctricos, nuevos polos petroquímicos, insumos para la industria aeroespacial, explotación y procesamiento de uranio, derivados industriales de la pesca y producción de fertilizantes basados en potasio y fósforo.

En el oficialismo consideran que el nuevo régimen puede convertirse en una herramienta clave para atraer dólares en un contexto donde la Argentina sigue necesitando inversiones de largo plazo y generación de exportaciones. La apuesta pasa por posicionar al país dentro de sectores tecnológicos y energéticos que hoy concentran buena parte de las inversiones globales.

De todos modos, el proyecto promete abrir un debate político intenso en el Congreso y también entre gobernadores e intendentes. Algunos sectores ya anticipan cuestionamientos por el alcance de los beneficios fiscales, la cesión de estabilidad normativa por tres décadas y la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales en caso de disputa con el Estado