Caso YPF de USD 16.100 millones: la Justicia de EE.UU. fija un plazo crítico para la defensa de Argentina
El abogado Fernando Irazu destacó la importancia de que las partes presenten sus argumentos para defender los derechos argentinos. Legisladores de la Coalición Cívica piden al Gobierno rapidez para evitar la condena millonaria por la nacionalización de YPF.
La Justicia estadounidense fijó como fecha límite para presentar argumentos a las partes involucradas en el caso sobre la condena de USD 16.100 millones que Argentina debe pagar por YPF el próximo martes 25 de febrero. Esta decisión surge tras una solicitud de la fundación Republican Action for Argentina, que busca investigar a quienes participaron en la nacionalización de la petrolera.
Fernando Irazu, abogado de dicha fundación, destacó la importancia de esta instancia. En declaraciones a EFE, manifestó que “las partes, incluyendo el Estado argentino y YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos”.
Este proceso judicial podría marcar un cambio favorable para el país en relación a la millonaria sentencia impuesta, producto de la nacionalización de YPF en 2008. La acción presentada el lunes por la organización civil es parte de su compromiso en diferentes disputas legales que involucran a Argentina frente a cortes internacionales.
Legisladores de la Coalición Cívica han expresado la necesidad de que el Gobierno actúe de manera urgente. El diputado Maximiliano Ferraro señaló que gracias a la intervención de la ONG y a una denuncia de Elisa Carrió que permanece estancada, “la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares”.
Asimismo, la diputada Marcela Campagnoli instó al gobierno de Javier Milei y a YPF a presentar su respuesta antes de la fecha límite, y manifestó: “Si lo hacen tengo fundadas esperanzas que se revoque el fallo contra Argentina. Lo que significaría un ahorro de casi 17.000 millones de USD”. El contexto de esta situación se remonta a la denuncia presentada en 2006 por Carrió sobre el supuesto vaciamiento de YPF y un informe de la UIF de 2018 que pone en evidencia la inacción del juez Ariel Lijo en el caso.
El Gobierno argentino, a través de su equipo legal, se prepara para presentar defensa, argumentando que la nacionalización fue un acto soberano en respuesta a la crisis energética del país. En este sentido, se espera que la estrategia incluya pruebas documentales y testimoniales que refuercen su posición ante la corte.
