El contrabando afecta al 60% de las empresas y genera pérdidas fiscales de USD 2.300 millones anuales
Un informe revela que el comercio ilegal representa el 5,06% del PBI argentino y que la brecha de precios impulsa el consumo en el mercado informal, con impactos significativos en sectores como electrónica, indumentaria y tabaco.
El contrabando continúa siendo un desafío estructural para la industria argentina, representando el 5,06% del PBI, según un análisis de Insight LAC. La Unión Industrial Argentina (UIA) encuestó a empresas manufactureras y constató que seis de cada diez sufren los efectos del comercio ilegal, que genera pérdidas fiscales estimadas en USD 2.300 millones anuales.
Recientemente, el Gobierno firmó acuerdos con la UIA, cámaras empresarias y plataformas digitales como Mercado Libre y Meta para compartir información y detectar productos de origen ilegal. Sin embargo, esta iniciativa se enfoca principalmente en el comercio electrónico, mientras que los empresarios identifican la principal causa del contrabando en la brecha de precios entre el canal formal y el informal, potenciada por la carga impositiva y los costos regulatorios, lo que incentiva al consumidor a optar por el mercado irregular.
El sector electrónico muestra datos alarmantes: uno de cada tres celulares comercializados en Argentina no fue importado legalmente ni fabricado localmente. La participación del contrabando en este mercado aumentó del 7% en 2023 al 35% en 2025, quintuplicándose en apenas dos años, según el informe que incluye datos de ASIPI, UIA, Afarte y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).
En el caso de la indumentaria, el circuito informal se sostiene en una red distribuida y sin trazabilidad digital clara. Los mercados informales como La Salada y las ferias de Flores concentraron el 83% de las ventas de ropa en 2022. La diferencia de precios es notable: las prendas en estos canales cuestan en promedio 3,7 veces menos que en el comercio formal online, llegando en algunos casos a una brecha de 4,5 veces. Esta diferencia no se explica solo por evasión impositiva directa, sino también por la carga regulatoria que soporta el canal formal, como habilitaciones, etiquetado y aportes patronales.
El mercado del tabaco presenta una particularidad: los cigarrillos cuestan hasta tres veces más en Argentina que en Paraguay debido a impuestos que constituyen cerca del 80% del precio final. Esta diferencia convierte a las provincias fronterizas con Paraguay y Bolivia en zonas vulnerables al ingreso ilegal de mercadería. A diferencia de otros sectores, el contrabando de tabaco se realiza casi exclusivamente a través de canales físicos tradicionales, como pasos no habilitados y comercios minoristas con baja visibilidad fiscal.
Respecto a las medidas para combatir el contrabando, una encuesta de la UIA reveló que el 33,2% de los industriales prioriza un mayor control aduanero, y un 31,5% pide reforzar la fiscalización de facturación. La supervisión de plataformas digitales quedó en tercer lugar, con solo un 15,1%. En cuanto al ingreso de mercadería irregular, el flujo principal se concentra en mayoristas (26,4%), minoristas (16,2%) y ferias (8,6%), mientras que los marketplaces y plataformas digitales representan un 27%.
El debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales es delicado. Un régimen de responsabilidad solidaria para marketplaces, que los haría responsables por productos irregulares vendidos por terceros, podría afectar a más de 31.000 vendedores y poner en riesgo hasta 47.000 puestos de trabajo, además de reducir el volumen del comercio electrónico entre 1,1% y 1,5%, según el informe.
En cuanto a las propuestas para avanzar, el estudio sugiere fortalecer la inteligencia aduanera mediante la integración de datos existentes en diferentes organismos, revisar los incentivos del régimen courier y los esquemas de homologación de productos para evitar ingresos subfacturados. Además, acompañar la formalización de pequeños vendedores que operan en los márgenes del sistema, en lugar de tratarlos exclusivamente como infractores.
Especialistas advierten que sin una reducción de la brecha fiscal y mejoras en la coordinación interinstitucional, el comercio ilegal seguirá creciendo, afectando la competitividad y el empleo formal en el país. Se requiere un enfoque integral para mitigar el impacto.
