La CNV simplifica la privatización de empresas públicas con modificaciones en las OPA
La Comisión Nacional de Valores permite transferir hasta el 50% de las acciones de empresas estatales a privados sin Ofertas Públicas de Adquisición.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) implementó cambios en la normativa que regula las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) con el fin de simplificar la privatización de empresas estatales. Esta modificación, establecida a través de la Resolución General N° 1037, permite que un adquirente privado compre hasta el 50% de las acciones de empresas públicas sin la necesidad de realizar una OPA.
Según la CNV, esta excepción es aplicable cuando el nuevo accionista toma la misma posición que el Estado en un acuerdo de accionistas ya existente, lo que garantiza que la estructura de control de la empresa se mantenga. Un parte oficial señala: "La modificación normativa contempla la situación en la que un nuevo accionista asume la posición del accionista vendedor, manteniéndose intacta la participación accionaria".
Roberto Silva, presidente de la CNV, resaltó que este cambio busca derribar obstáculos regulatorios que no ofrecen valor al interés público, al tiempo que promueve un contexto legal propicio para que el Estado transfiera activos. Silva comentó: "La normativa dictada impulsa el equilibrio entre el interés público, la protección de los inversores y la necesidad de fomentar un entorno jurídico adecuado". Con esta nueva regulación, el organismo también persigue favorecer objetivos estratégicos del Estado en sectores fundamentales de la economía nacional, facilitando la reconfiguración de su participación en dichos ámbitos.
La resolución ha generado que algunos analistas consideren que esta medida puede atraer inversiones y modernizar empresas estatales, mientras que críticos advierten sobre el riesgo de perder control estatal en sectores estratégicos. La CNV asegura que se implementarán salvaguardias para proteger los intereses del Estado. La implementación de esta resolución se enmarca en un contexto económico donde el Estado busca optimizar sus recursos y mejorar la eficiencia de empresas que, según expertos, han enfrentado dificultades operativas. A medida que avanza el proceso, se espera un debate sobre la transparencia y el impacto social de estas privatizaciones.
