Fin a los privilegios: Boudou, al igual que Cristina Kirchner, pierde su jubilación de privilegio
El presidente Javier Milei anunció que el ex vicepresidente también perderá su jubilación de privilegio, siguiendo la misma medida aplicada a Cristina Kirchner.
Después de la suspensión de la jubilación de privilegio de la exmandataria Cristina Kirchner, el Gobierno decidió la misma medida para Amado Boudou, quien fue vicepresidente y se encuentra condenado por delitos de corrupción. Esta información fue confirmada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, donde ratificó que se retirarán los beneficios a aquellos funcionarios condenados por delitos que afectan al Estado.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, fue la responsable de hacer oficial esta decisión, indicando que se aplicará “el mismo criterio que en el caso de Cristina Kirchner”. De este modo, el Gobierno busca reafirmar su compromiso de revisar los beneficios que se otorgan a funcionarios y expresidentes que han sido condenados.
Asimismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó su apoyo a la suspensión de jubilaciones de privilegio. Aunque no se refirió directamente a Boudou, sino que sugirió que se llevarán a cabo acciones similares contra aquellos que se encuentren en “similares condiciones”. En su cuenta de X (anteriormente Twitter), Adorni subrayó que la medida será de carácter general. “Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja. La respuesta es la obvia: por supuesto. Fin”, afirmó.
Mientras algunos celebran la medida como un paso hacia la justicia y la transparencia, otros critican la falta de un enfoque más integral en la lucha contra la corrupción. El Gobierno se prepara para enfrentar un debate intenso sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
La medida también ha suscitado un debate sobre la posibilidad de extender esta política a otros exfuncionarios y actuales legisladores. Mientras tanto, la oposición ha criticado la decisión, argumentando que se trata de una estrategia política para desviar la atención de otros problemas económicos que enfrenta el país.
