El Gobierno define como un éxito la licitación de la Hidrovía
Aunque el proceso fue cuestionado por presuntas irregularidades y conflictos de interés, el Ejecutivo adjudicó el contrato a Jan de Nul-Servimagnus y destaca una nueva etapa de inversión privada en la vía estratégica para el comercio exterior.
El Gobierno nacional presentó como un éxito el cierre del proceso de licitación de la Hidrovía, una infraestructura clave por donde circula aproximadamente el 80% del comercio exterior argentino. Sin embargo, el proceso continúa siendo objeto de fuertes cuestionamientos por presuntas irregularidades.
Según un comunicado del Ministerio de Economía, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó la adjudicación mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, otorgando el contrato a la empresa Jan de Nul-Servimagnus. El Ejecutivo sostiene que esta firma presentó la mejor oferta para llevar adelante el dragado y balizamiento de la hidrovía durante un período de 25 años prorrogables.
La empresa belga Jan de Nul tiene como socio local al Grupo Román, perteneciente al magnate Ricardo Román, con negociaciones a cargo de su hijo Leonardo. El esquema de trabajo será gestionado por el tándem Gustavo Elías-Ondarcuhu, que se encargará del dragado y balizamiento. Un informe confidencial elaborado por especialistas internacionales alertó sobre posibles direccionamientos a favor del consorcio ganador, conflictos de interés dentro del comité evaluador y una tarifa mínima de peaje que habría condicionado las ofertas, generando un empate en los valores que no se había visto antes.
Además, se sospecha que los costos del esquema de dragado y balizamiento fueron inflados para beneficiar al adjudicatario. Estas denuncias se suman a las críticas por la participación de Santiago Caputo como gestor detrás de escena y a las denuncias presentadas por dos empresas que participaron en la licitación.
El Gobierno, encabezado por Javier Milei, sostiene que esta privatización abre “una nueva era de inversión privada” en la hidrovía, y remarca que el Estado mantendrá su rol como autoridad de control, aunque sin intervenir directamente en la gestión operativa. Organismos de control anunciaron auditorías para garantizar transparencia, mientras sectores opositores y sindicatos reclaman una revisión exhaustiva del proceso y alertan sobre posibles impactos negativos en los precios del transporte fluvial y la economía regional.
