El Gobierno agiliza la apertura de empresas con cambios que eliminan trámites y flexibilizan el objeto social
La Inspección General de Justicia simplificó la constitución de sociedades, reduciendo costos y tiempos, e incorporó nuevas reglas para aportes con activos virtuales.
El Gobierno anunció una serie de reformas a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) destinadas a facilitar la constitución de sociedades en el país. Estas modificaciones buscan reducir las barreras burocráticas, disminuir los costos y acelerar el proceso para quienes desean abrir una empresa.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, explicó en su cuenta de X que la Resolución General 11/2026, publicada en el Boletín Oficial, deroga 33 artículos reglamentarios y dos resoluciones generales que imponían exigencias adicionales no previstas en la normativa principal. Además, elimina la necesidad del dictamen de precalificación profesional para la constitución de sociedades y elimina restricciones en cuanto a la pluralidad del objeto social, permitiendo que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) puedan adoptar “cualquier actividad lícita” como objeto.
Según los considerandos de la norma, los registros de sociedades deben funcionar como “ventanillas de habilitación ágiles” que prioricen la publicidad y la certeza jurídica, en lugar de actuar como filtros discrecionales previos al registro. La reducción de barreras formales se presenta como una política pública para fomentar la incorporación de actividades económicas a la formalidad, reducir los costos para emprendedores y reflejar con mayor precisión la realidad del tráfico comercial.
Entre los principales cambios se destacan:
- Eliminación de la precalificación obligatoria: ya no será necesaria para constituir sociedades, aunque podrá presentarse de forma facultativa o cuando se exija en casos específicos.
- Flexibilidad en el objeto social: se podrá definir con una o más categorías de actividades sin que deban estar relacionadas, y las SAS pueden incluir la realización de cualquier actividad lícita.
- Incorporación de la sede electrónica: las sociedades podrán registrar una dirección electrónica complementaria que tendrá efectos legales frente a socios y terceros.
- Aportes dinerarios: se amplían los medios para acreditar la integración de aportes en efectivo.
- Cláusulas arbitrales: se habilita expresamente su inclusión en los documentos constitutivos.
- Simplificación de documentos registrables: se unifican y simplifican los requisitos para escrituras públicas, instrumentos privados con firma certificada o digital y documentos electrónicos con firma digital.
Las modificaciones responden a un análisis que detectó que muchos requisitos duplicaban regulaciones ya establecidas en la Ley General de Sociedades, el Código Civil y Comercial, o imponían formalidades que no aportaban valor verificable a la función registral. En cuanto a los aportes de capital con activos virtuales, como criptomonedas, la normativa establece que el instrumento constitutivo debe especificar la clase, cantidad y valor asignado de esos activos, así como identificar al socio aportante.
Además, se debe demostrar que el aportante era titular de los activos antes del aporte y que estos se depositaron en una billetera o plataforma de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), a nombre de los administradores designados y con el compromiso de transferirlos a la sociedad tras obtener el CUIT. El valor de los activos debe certificarse profesionalmente o mediante una cotización emitida por un PSAV registrado, garantizando así transparencia y seguridad en estas operaciones.
Fuentes oficiales destacaron que esta medida se suma a un proceso de simplificación normativa que la IGJ ha venido implementando durante 2026, incluyendo cambios en la inscripción de directores, sociedades extranjeras, digitalización de registros, presentación de estados contables y notificaciones electrónicas. Este anuncio se produce en un contexto donde iniciar una actividad económica en Argentina puede requerir 4.496 horas de trámites, más del doble del promedio latinoamericano de 2.005 horas, según el Índice de Burocracia del Adam Smith Center 2025.
Las reformas buscan incentivar la formalización y atraer inversiones, facilitando el desarrollo de nuevas actividades económicas. Se espera que estas medidas impulsen el crecimiento del sector privado y generen más empleo en el corto plazo.
