El Gobierno aumenta el precio mayorista del gas y lo trasladará a las facturas desde enero de 2026

La Secretaría de Energía dispuso un ajuste del 0,53% en el precio mayorista del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que impactará en las boletas de todos los usuarios. El aumento se aplicará junto a cambios en el régimen de subsidios para focalizar la asistencia estatal.

La Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Economía, oficializó un incremento en el precio mayorista del gas que se cobra en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esta actualización, plasmada en la Resolución 605/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, comenzará a regir para los consumos realizados a partir de enero de 2026.

 

El PIST representa el valor que las distribuidoras abonan por el gas en el mercado mayorista, antes de sumar costos adicionales como transporte, distribución e impuestos. Por tratarse de un precio que se traslada directamente a los usuarios, cualquier ajuste tiene un impacto inmediato en el monto final de las facturas.

 

La norma instruye al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a reflejar el nuevo valor en los cuadros tarifarios y a garantizar que todas las empresas del sector apliquen el aumento de forma uniforme. Según el documento oficial, firmado por la secretaria de energía María Carmen Tettamanti, el incremento representa un 0,53% respecto al precio vigente.

 

Desde la Secretaría de Energía explicaron que esta medida forma parte del proceso de actualización de precios del sector, en un contexto de desaceleración inflacionaria. El Ministerio de Economía “instruyó a esta Secretaría a continuar con el sendero de adecuación de precios y tarifas, con el objetivo de mantenerlos en valores reales lo más constantes posibles”, indica el texto oficial.

 

El impacto final del aumento en las boletas dependerá de la categoría del usuario dentro del esquema de segmentación de subsidios. Los usuarios de Nivel 1, considerados de mayores ingresos, deberán afrontar el costo pleno del gas sin subsidios. En tanto, los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, que incluyen a hogares de ingresos bajos y medios, mantendrán bonificaciones y topes de consumo subsidiado, aunque el excedente se facturará a un valor superior. Este esquema busca focalizar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables, mientras que los hogares de mayores ingresos asumen el precio real del servicio, según informó la Secretaría de Energía.

 

Además del ajuste en el precio mayorista, el Gobierno planea implementar un nuevo régimen de subsidios a partir del próximo año. Se eliminarán los niveles de segmentación y los programas específicos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para pasar a un sistema simplificado con sólo dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que pagarán el costo total del servicio. El objetivo de este cambio es transparentar el precio real del gas, aumentar la participación de los usuarios en el financiamiento del sistema y ordenar las cuentas públicas.

 

La resolución establece que el ENARGAS y las distribuidoras tienen un plazo de cinco días desde la publicación para adecuar los contratos y aplicar el nuevo precio en las facturas. Asimismo, el ente regulador debe supervisar que las bonificaciones para usuarios de bajos y medianos ingresos se mantengan conforme a lo dispuesto por la Resolución 24/2025.

 

Estas bonificaciones continuarán vigentes durante el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, prorrogado hasta julio de 2026 en el marco de la Emergencia del Sector Energético Nacional, declarada en diciembre de 2023 y extendida mediante decretos sucesivos. Desde ENARGAS aseguraron que controlarán que las facturas reflejen correctamente el nuevo precio del gas y que la aplicación de los subsidios se ajuste a las normativas vigentes.

 

El contexto energético actual también destaca que Vaca Muerta aporta ya el 70% del petróleo y gas del país, mientras la canasta de servicios públicos subió casi un 6% en diciembre, representando más de la mitad de un salario mínimo. Organizaciones de consumidores alertaron sobre el impacto en los hogares más vulnerables y pidieron mayor transparencia en la aplicación de los subsidios. Por su parte, el Gobierno reafirmó su compromiso con la sostenibilidad fiscal y el abastecimiento energético.

 

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